Reducir burocracia urbanística, agilidad en los trámites de planificación, como de licencias, y liberalizar suelo es la solución más eficaz para reducir el precio de la vivienda habitual. Los precios de la vivienda vuelven a subir, y no solo por el incremento de costes de la energía, carburantes, materiales, o los laborales, sino nuevamente, al igual que hace 20 años, por el del suelo y su repercusión en el precio final.
Ante el intenso intervencionismo de las Administraciones en el mercado del suelo, hace falta una modificación de la ley actual y liberalizar un 25%, para abaratar el coste de la vivienda en Galicia. Con los actuales criterios de edificabilidad, ocupación y densidad únicamente se reduce la oferta de suelo encareciéndolo aún más. Y esto es así debido a que el suelo no urbanizable, en la mayoría de los principales municipios de nuestra Comunidad Autónoma, alcanzan porcentajes superiores al 60%, siendo el suelo urbanizable delimitado inferior al 10% y que en muchos casos no supera siquiera el 8%. Llamativo es también que, tomando como referencia las dos principales áreas de Galicia, Vigo y A Coruña, vemos cómo en la primera la titularidad del suelo urbano no edificado se corresponde a que en un 16% es propiedad de la Administración; el 22%, de personas jurídicas, y el 62%, de personas físicas; mientras, en el área de A Coruña, el 19% del suelo urbano es propiedad de la Administración; el 27%, de personas jurídicas, y el 54%, de personas físicas.
Conclusión: la intervención urbanística en Galicia configura una oferta de suelo rígida que a su vez contribuye a generar una oferta de vivienda rígida en comparación con la de otros países. Esta rigidez favorece un mayor crecimiento de los precios, exacerba el ciclo inmobiliario de la economía gallega y contribuye a aumentar la inestabilidad macroeconómica en el conjunto del país, al ser también un problema de Estado.
Por ello, se debe ampliar como mínimo en las siete principales ciudades de Galicia el suelo urbanizable en un 25% para aliviar la tensión, aumentar la oferta y contribuir a abaratar el precio de la vivienda, suavizando las restricciones a la edificación en las áreas rurales de los 313 concellos con el fin de combatir la despoblación de la llamada “Galicia vaciada”, y flexibilizando el régimen de usos de las ordenanzas urbanísticas. Por supuesto. permitiendo la edificación en las áreas rurales donde existan ya asentamientos consolidados.
La flexibilidad y agilidad de las Administraciones con ventanillas únicas es también fundamental, como por ejemplo sustituir la obtención de licencia de primera ocupación por una declaración responsable o agilizar los trámites de los planes generales con la reducción de plazos para obtener informes sectoriales e incorporando el silencio administrativo positivo.
Y focalizo el problema principalmente en la ciudad de Vigo. Ya que no hay prácticamente suelo a la venta en ella y el poco que existe está a precios cuya repercusión en el de las viviendas es, en algunos casos, inasumible. Los fondos de inversión únicamente optan a suelos finalistas. Los suelos de gestión son demasiado grandes y complejos, con lo que comprar edificios de pocas alturas para rehabilitar o reformar es la opción que más se está utilizando para sacar viviendas al mercado. Todo ello con unos tiempos de espera de las licencias municipales de 14 meses de media en el conjunto de las siete grandes ciudades gallegas. En definitiva, mucha menos burocracia urbanística y más agilidad administrativa con ventanillas únicas es lo que se necesita.
