No se trata ni de colores políticos, ni de ideologías de ningún tipo ni condición. Se trata de coherencia, sentido común y conocimiento de la problemática -en cuanto a vivienda se refiere-, de la España real, sin más. Debo comenzar diciendo que para una lectura rigurosa y nítida de la futura Ley Estatal de Vivienda hay que esperar a su publicación en el BOE, porque esa será la normativa que se aplique, lo demás aún es virtual, de momento.
Esta próxima Ley -anunciada en sus términos más relevantes por el actual Gobierno bipartito-, invadiría claramente las competencias de la comunidad autónoma de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a las viviendas vacías, tal como propone. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. Preocupación, incertidumbre, inseguridad jurídica, así se podría sintetizar el anuncio de esta nueva Ley de Vivienda difícil de comprender, ya que todo ello significa una intervención de facto del mercado, cuestionando incluso la propiedad privada.
El sector de la vivienda no es un mercado persa, aunque así se lo deba parecer a Sánchez y Yolanda Diez. Y tratarlo como tal sería un muy grave error con consecuencias económicas y de empleo impredecibles en un contexto económico y social ya complicado de por sí. Esta ley, de aprobarse tal cual se les está filtrando a los medios de comunicación en declaraciones muchas veces inconexas entre ambos partidos gobernantes, sería a mi entender anticonstitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución. La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las comunidades autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso que únicamente generará una total y absoluta inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía. Y no solo eso, ya que el injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada crearía un enorme problema en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Esta Ley de Vivienda no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación de incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que proporcione seguridad jurídica urbanística. Y sí, claro que urge un parque de viviendas sociales como en el resto de Europa, pero con la colaboración público-privada y dejando que la vivienda libre se regule por sí misma, sin intervencionismos.
Esta próxima Ley -anunciada en sus términos más relevantes por el actual Gobierno bipartito-, invadiría claramente las competencias de la comunidad autónoma de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a las viviendas vacías, tal como propone. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. Preocupación, incertidumbre, inseguridad jurídica, así se podría sintetizar el anuncio de esta nueva Ley de Vivienda difícil de comprender, ya que todo ello significa una intervención de facto del mercado, cuestionando incluso la propiedad privada.
El sector de la vivienda no es un mercado persa, aunque así se lo deba parecer a Sánchez y Yolanda Diez. Y tratarlo como tal sería un muy grave error con consecuencias económicas y de empleo impredecibles en un contexto económico y social ya complicado de por sí. Esta ley, de aprobarse tal cual se les está filtrando a los medios de comunicación en declaraciones muchas veces inconexas entre ambos partidos gobernantes, sería a mi entender anticonstitucional, al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución. La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las comunidades autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso que únicamente generará una total y absoluta inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía. Y no solo eso, ya que el injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada crearía un enorme problema en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Esta Ley de Vivienda no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación de incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que proporcione seguridad jurídica urbanística. Y sí, claro que urge un parque de viviendas sociales como en el resto de Europa, pero con la colaboración público-privada y dejando que la vivienda libre se regule por sí misma, sin intervencionismos.
