La bondad de las relaciones entre la Iglesia el Estado español ha sido siempre más aparente que real. Desde que en 1836, el Gobierno progresista presidido por Calatrava -cuyo ministro de Hacienda era un pintoresco sujeto de casi un metro noventa de estatura llamado Juan Álvarez Méndez que por razones no suficientemente claras se hizo llamar Juan Mendizábal- decretó la desamortización de los bienes de la Iglesia, nada volvió a ser como antes ni siquiera lo es ahora. Es cierto que un católico influyente de aromas moderados como Bravo Murillo consiguió vencer la resistencia papal y firmar el primer Concordato en 1851 –la curia vaticana consideraba que la reina Isabel II vivía en permanente concubinato separa de su esposo legítimo Francisco de Asís y puso como condición para establecer un acuerdo que al menos volvieran a residir bajo el mismo techo- pero un navarro de armas tomar llamado Pascual Madóz volvió a revolver el avispero promulgando en 1855 una nueva ley de desamortización de eclesiástica que inició un nuevo periodo de larvada inquina no resuelta ni siquiera con la redacción de un documento tan favorable a los intereses eclesiales como el que firmaron conjuntamente en 1951 Pio XII y Franco.
La antipatía mutua preside en mayor o menor grado la relación actual en dependencia de quien presida el Gobierno, entre otras cosas porque la Iglesia jamás ha olvidado ni perdonado algunas de las afrentas de las que considera responsable al pueblo español y sus gobernantes a través de la historia, especialmente a Juan Mendizábal y su primera ley de desamortización pero también, las sucesivas expulsiones de la Compañía de Jesús, los desmanes de los que fue víctima la Iglesia en tiempo de la II República y durante la Guerra Civil, y otros episodios menores que se aceptan pero no se olvidan.
Cuando Andreotti visitó la nueva España democrática comisionado por la UE para saber por dónde se desempeñaba el país tras dejar atrás la dictadura, emitió como todo juicio una frase famosa: “Manca fineza” es decir, “falta delicadeza”. Eso es lo que sigue pasando. Por parte del nuncio vaticano monseñor Fratini es inadmisible expresar en público su opinión sobre el traslado de los restos de Franco. Igual de inadmisible es la respuesta de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, amenazando con revisar muy severamente la fiscalidad de la Iglesia. “Manca fineza” a raudales.
