Esto se acaba. Se cierra ya la campaña y se abre un nuevo futuro para España. Un futuro que será más o menos propicio si, entre otras muchas e importantes circunstancias, nuestra política económica es capaz de estar a la altura de los grandes retos que ha de afrontar en esta próxima legislatura.
El contenido económico de los programas políticos de estas, y por extensión, de todas las elecciones, tienen dos características muy típicas. Son imposibles de descifrar, por los ambiguos términos que se manejan y la complejidad que supone su encaje y cuadre económico. Y son imposibles de cumplir, ya que contienen pretensiones irrealizables en la práctica, más aun, cuando el fin del bipartidismo implica alcanzar acuerdos y pactos con otras fuerzas que, inevitablemente, los desvirtualizarán.
Por un lado, el centro derecha, aboga en general por la reducción de impuestos, fomentar el ahorro y contener el gasto, para reducir el déficit y la deuda. Por centrarnos en el programa económico de perfil más abiertamente liberal, el de VOX, hay que decir que adolece de incongruencias importantes. Resulta francamente difícil cuadrar una reducción impositiva anual de 60.000 millones (Sucesiones, Patrimonio, IRPF, Cotizaciones Sociales, …) con una pretensión de reducción del gasto de 24.000. Este diferencial de 36.000 millones habría que cubrirlo con los supuestos “efectos multiplicadores” que esta política liberal podría incentivar. Esto requeriría que la economía creciera por encima del 4% anual durante los próximos cuatro años, cuestión no inverosímil, pero francamente incierta.
Por otra parte, la izquierda en conjunto, apuesta por la derogación de la reforma laboral, aumentar el gasto social y fomentar la inversión pública, todo ello, financiado con subida impositiva. En el caso concreto de Podemos, pretenden ingresar 28.000 millones vía reforma fiscal, más otros 68.000 adicionales, por la lucha contra fraude y otros “efectos multiplicadores” cuya efectividad es, cuando menos, ilusoria. El encaje se hace todavía más improbable cuando estos efectos pasan por crecer a un 6% anual, más de lo que hace China. El destino de esta “recaudación” iría destinado a la nacionalización de empresas estratégicas, instauración de una renta básica, contratación de un millón de funcionarios, y otras cuestiones que figuran en su programa.
Por tanto, no queda más remedio que abstraerse de los detalles que dificultan el análisis y hacer manejo de brocha gorda para poder intuir, entre toda esta oferta programática, quien o quienes van a ser capaces de cimentar un tejido económico propicio para que España se convierta en un hábitat propenso al asentamiento de empresas, cumpla con los requerimientos que, en términos de déficit, impone Europa y proporcione una sostenible prosperidad a sus ciudadanos.
