Los juzgados de Vigo ya han recibido las primeras solicitudes de afectados por desahucios que solicitan la suspensión como víctimas de la crisis sanitaria, confirmaron fuentes judiciales.
Durante el estado de alarma, el Gobierno aprobó un Real Decreto de adopción de medidas urgentes en el ámbito social y económico con el objetivo de proteger a aquellos colectivos vulnerables que pudieran ser objeto de desalojo de su vivienda. Esta medida permitía suspender los lanzamientos por un plazo máximo de 6 meses a partir del 2 de abril.
El parón por el estado de alarma hizo perder los plazos a más de una veintena de desahucios en la ciudad que estaban ya en manos de la Oficina de Notificaciones y Embargos y que no pudieron materializarse. Según explicaron desde este servicio, atendiendo a la normativa se decidió, una vez levantado el estado de alarma, devolver esos procedimientos a los juzgados de primera Instancia de origen para una posible revisión. No obstante, la mayoría sigue adelante con un nuevo señalamiento al procederse al desalojo por una reiteración de impagos anteriores al inicio de la pandemia.
Caso distinto es el de las personas que pagando un alquiler o una renta se hayan quedado sin trabajo debido a la pandemia, que han sufrido un ERTE o han visto reducida su jornada por el cuidado de niños o personas mayores y en general a quien se hayan visto afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Así lo establece la norma a la que comienzan a acogerse vigueses amenazados con la pérdida de su vivienda, la gran mayoría como inquilinos y que no lograron llegar a un acuerdo con los caseros para el aplazamiento de los pagos.
Algunas de estas solicitudes para acogerse a esta suspensión han sido fallidas por la misma razón que los lanzamientos paralizados desde marzo a mayo, porque se trataban de situaciones muy anteriores a la crisis sanitaria.
Los reclamantes tienen que documentar de forma muy pormenorizada que efectivamente han pasado a estar en paro o si son empresarios han sufrido una pérdida de ingresos o facturación de al menos un 40% y calcular los ingresos mediante una tabla específica por núcleos familiares. El objetivo en suma es poder acreditar una situación de vulnerabilidad ante los juzgados, y en un plazo que finaliza a los tres meses desde que se levantó el estado de alarma, en el caso de Galicia, el pasado 15 de junio.
La reanudación de la actividad ha vuelto a retomar los señalamientos de desahucios, reactivándose en los juzgados demandas que quedaron paralizadas en el mes de marzo.
Menos desalojos a lo largo del año pasado
n n n La crisis económica derivada de la sanitaria podría dar la vuelta al número de desalojos que ejecutan en la ciudad debido al impago bien de hipotecas, bien de alquileres. En los últimos seis años, ya ha habido cambios con las suspensiones parciales en casos de especial vulnerabilidad. Durante el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, fueron 337 los desahucios ejecutados en el partido judicial de Vigo, un 35% menos que los registrados seis años atrás. Desde hace tres años, se producen paralizaciones de desalojos de inquilinos en riesgo de exclusión, en una media que se sitúa en una al mes. Son casos en los que se pone en conocimiento del juez y servicios sociales la situación para tratar de buscar una alternativa antes del desahucio. La mayoría son familias con menores. Detrás, está el trabajo de colectivos como la Plataforma Stop-Desahucios, Os Ninguéns o la Favec que trabajan en apoyo de estas personas.n
