El no del Congreso a la tramitación de la ley contra el proxenetismo ha supuesto no solo una división entre las fuerzas políticas sino también dentro del ámbito de la prostitución. Mientras un grupo de mujeres de la Plataforma Stop Abolición se manifestaba contra esta normativa a las puertas de la Cámara Baja en Madrid al entender que la normativa no va a ser beneficiosa para las trabajadoras sexuales, y el Colectivo de Trabajadoras Sexuales aseguraba en declaraciones a Europa Press que era “una cortina de humo para tapar sus puteros y puteras que hay muchos”, otras asociaciones tanto feministas como de ayuda a mujeres en situación de prostitución consideran que se ha dado un paso atrás.
Es el caso de la viguesa Faraxa. Su presidenta, Ana García Costas, lamenta que “en pleno siglo XXI y pese a las directrices de Europa no pueda salir adelante una ley de abolición de la prostitución para que haya un control sobre el proxenetismo".
Desde su punto de vista, “esta normativa no limita el libre ejercicio de las mujeres sino el enriquecimiento a su costa, porque si no paramos la explotación sexual, no hay opciones". Faraxa lleva años dando apoyo a estas mujeres de ahí que García Costas incida en que “aunque la ley es mejorable, va dirigida precisamente a paralizar el negocio”, y que considere que no las criminaliza a ellas sino a quienes se aprovechan económicamente de ellas porque “al final ellas no ganan nada”. Así, explica que “se centra en los negocios de los clubes y los pisos, porque en la calle ya es algo muy residual.”
Dice entender las motivaciones políticas, pero no compartirlas, “se habla de qué va a pasar con esas mujeres de la calle, pues que seguirán sin opciones porque no se les busca alternativas y tampoco las habrá para las que empiezan ahora”. Asegura que hay un buen número de trabajadoras sexuales que son inmigrantes “que no tienen opciones, por eso siempre les decimos que se formen, es su única salida” y, como abogada, insiste en que “las penas por explotación sexual son bajas y en ocasiones es dificil llegar a una condena, pero el simple hecho de que estén en un procedimiento merece la pena”.
La iniciativa socialista pretendía modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas, incluso para el que favorezca, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma incrementando en este caso las penas de los dos a cuatro años de cárcel. La propuesta fue tumbada al no recibir los apoyos suficientes.
