El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló los acuerdos del Ayuntamiento de Vigo en base a los cuales adjudicó, en 2007 (siendo todavía alcaldesa Corina Porro), el lote 1 del contrato de gestión del servicio público de aparcamientos subterráneos de uso mixto a la UTE integrada por la empresa Eloymar y Tranvías Eléctricos al entender que su oferta tenía que haber sido rechazada. El motivo principal que aduce el TSXG en la sentencia ayer publicada es el tamaño de las plazas de los tres parkings, que serían inferiores a lo requerido en la licitación, según concluye el tribunal tras contar con un peritaje.
La empresa Eloymar es propiedad del actual presidente de Conxemar, Eloy García, que con Tranvías gestionan buena parte de los aparcamientos en Vigo, como los de plaza de Independencia y Urzaiz, entre los más importantes.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Galicia declaró la exclusión de la licitadora que resultó adjudicataria (la UTE de Eloymar y Tranvías), pero no ha ordenado retrotraer actuación alguna, de modo que advierte en la resolución que “será la Corporación local la que decida la mejor manera de prestar el servicio público que declaró en el año 2005”. Es decir, será el gobierno local el qeu tomará la decisión de revocar la adjudicación, recurrir la sentencia o reiniciar el concurso.
El alto tribunal gallego explica en la sentencia que la perita judicial concluyó de forma taxativa que en el estacionamiento de la calle Pintor Colmeiro el 66,92 por ciento de las plazas no alcanzan los 240 centímetros de anchura exigida en el pliego de prescripciones técnicas, un porcentaje que en la calle Policarpo Sanz se eleva hasta el 67,55; y, en la calle Areal, todavía más, hasta el 70,32 por ciento de todos los espacios señalizados.
Condiciones muy caras
Los criterios sobre las características de las plazas de estacionamiento, según indican los magistrados en la resolución, “fueron claramente fijados en el apartado cinco del pliego de prescripciones técnicas del concurso municipal y correctamente valorados por la perita judicial en un informe que ha destruido el juicio técnico que siguió la mesa de contratación (del Concello) y, después, el acuerdo municipal de 21 de mayo de 2007, que tiene que ser anulado, junto con el del 10 de septiembre de 2007, que lo confirmó, si bien solo en lo que alcanza a la adjudicación del lote 1”. La sentencia, pese a su contundencia, no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que dejaría la aplicación del fallo en suspenso.
