La empresa prevé el desarrollo comercial con cinco multinacionales donde viven 8 familias
La mercantil asturiana que adquirió los terrenos en el polígono del Caramuxo en Navia, donde se sitúa un poblado chabolista, llevó ayer a juicio a ocho unidades familiares identificadas como inquilinos de dicho poblado. La empresa sostiene ser la actual propietaria y requiere el desalojo del asentamiento para poder iniciar el desarrollo industrial y comercial de media superficie que prevé con la instalación de cinco operadores multinacionales. Según fuentes de la mercantil, el proyecto prevé la creación de entre 200 y 250 puestos de trabajo. Sin embargo, sus intereses se topan de frente con el de cerca de treinta personas que llevan viviendo en esos terrenos desde hace más de treinta años. Aunque ayer se inició la vista, que finalmente fue aplazada por la ausencia de un testigo clave (la antigua propietaria), fuentes del caso aseguraron que se está tratando de llegar a un acuerdo para evitar continuar con el litigio.
Las negociaciones ya habían comenzado y se rompieron al rechazar las familias la oferta recibida por la empresa y que se situaba en unos 5.000 euros, aseguraba uno de los afectados. Ante la sala, tres testigos ratificaron que el asentamiento lleva años en pie, que tiene luz y agua corriente, que cada chabola está numerada y que aparece en el padrón. Durante su testimonio, corroboraron que los vecinos y las fuerzas de Seguridad sabían de su existencia, normalizada y que fue la propietaria quien no sólo les permitió quedarse en el terreno sino que llegó a regalárselo.
Tanto para la empresa demandante como para los demandados la declaración de esta mujer se considera fundamental, de ahí que el Juzgado de Instancia 13 decidiera aplazar de nuevo la vista hasta el próximo mes de junio.
Antes, no obstante, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que paralice el proceso. “Llevamos aquí toda la vida”, explicaba uno de los afectados, “tengo tres hijos pequeños, no me pueden dejar en la calle de buenas a primeras”. Sinaí Giménez, como presidente de Sociedad Gitana, declaró como testigo y aseguró que “la vida de estas familias está normalizada, y se les debe garantizar una alternativa”.
