El Gobierno rechaza la práctica y el PP se abre regularla sin pagos
La actriz Ana Obregón, de 68 años, acaba de ser madre por gestación subrogada de una niña -a la que llamó Ana- que nació el 20 de marzo en el centro sanitario Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. En las imágenes se puede ver como la artista abandona el hospital con la bebé en brazos, sentada en una silla de ruedas, según el protocolo del centro sanitario, en la que se puede leer el cartel “Mother Baby Chariot” (carrito para madre y bebé).
La actriz perdió a su hijo Aless, de 27 años, en mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer, lo que la llevó a buscar otro hijo a través de este método, que no es legal en España, por lo que el debate social y político se avivó de nuevo.
Los vientres de alquiler, permitidos en unos países y prohibidos en otros, son objeto de controversia por los conflictos económicos, morales y sociales que implican, fundamentalmente por afectar a las poblaciones menos favorecidas e indefensas, que se ven abocadas a prestarse a ser vehículo de la paternidad de los más privilegiados económicamente.
A pesar de que en España es ilegal, numerosas agencias ofrecen sus servicios para alquilar un vientre en el extranjero y solventar después las trabas legales para poder reconocer como propio al bebé al volver a casa. La reciente reforma de la ley del aborto incluyó la gestación subrogada como una forma de violencia contra la mujer, pero no se han impuesto mayores trabas para poder registrar a los hijos gestados en el extranjero.
Para inscribir al niño en el registro y poder viajar con él a España, se debe aportar una resolución judicial del país de origen en la que se determine la filiación del bebé. La mujer gestante renuncia a la filiación materna a favor del contratante.
Uno de los principales destinos es Estados Unidos, donde la gestación subrogada está permitida en algunos estados y prohibida o limitada en otros. Entre los estados donde se admite para parejas heterosexuales, homosexuales o solteros figuran Florida, California, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada e Illinois.
No obstante, en EEUU el proceso puede resultar caro (a partir de unos 120.000 euros, según Gestlife), por lo que muchos padres y madres recurren a otros países, a veces con menores garantías jurídicas y sanitarias, pero más baratos, como México, Georgia o Vietnam.
Canadá es uno de los destinos mejor valorados para acceder a la gestación subrogada, pero su legislación no permite el pago a la “madre de alquiler”, lo que hace difícil encontrar mujeres dispuestas.
Otros países como Rusia, India, Tailandia y Nepal figuraban hasta unos años entre las principales opciones, pero prohibieron esta práctica o vetaron el acceso a los extranjeros. Hay también otros que admiten extranjeros, pero solo para heterosexuales, como Ucrania, Georgia, Kazajistán o Bielorrusia.
En Europa está permitida en países como el Reino Unido, donde se prohíbe cobrar a la madre gestante; Grecia, donde se limita a parejas heterosexuales y mujeres menores de 50 años; y Portugal, cuya ley incluye un plazo de hasta 20 días tras el parto en el que la gestante puede arrepentirse.
El caso de la actriz avivó el debate político sobre esta práctica, ilegal en España, con posturas diversas: el Gobierno la rechaza, Ciudadanos la defiende de forma altruista y el PP se abre ahora a regularla si no hay pagos.
En el caso de Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, comentó nada más conocer la noticia que su partido no había fijado posición al respecto, pero más tarde la formación reafirmó su rechazo a los también denominados vientres de alquiler e insistió en la necesidad de poner medidas para impedir su legalización “de facto”.
En el caso del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos hay unanimidad en el rechazo a la gestación subrogada e incluso recordaron que con la modificación de la ley del aborto, que entró en vigor a principios de marzo, aparece entre las violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer. “Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza”, recalcó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en alusión a los casos en los que la mujer que se queda embarazada obtiene dinero por ello.
El debate sigue abierto en el PP, aunque la dirección nacional, en manos de Alberto Núñez Feijóo, se inclinó por abrir un debate para regular esta práctica con el requisito de que no exista ningún tipo de pago económico indirecto o directo a la madre gestante. La línea roja para el PP es la “mercantilización” que en la dirección del partido consideran “execrable”.
