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La Policía carga contra los manifestantes acampados en Hong Kong para protestar por la ley de extradición

Se trata del mayor desafío al Gobierno de Hong Kong desde la Revolución de los Paraguas de 2014

Un manifestante lanza de vuelta una lata de gas lacrimógeno a la policía durante las protestas
Un manifestante lanza de vuelta una lata de gas lacrimógeno a la policía durante las protestas
La Policía carga contra los manifestantes acampados en Hong Kong para protestar por la ley de extradición

La Policía de Hong Kong ha cargado este miércoles contra los miles de manifestantes acampados en el distrito financiero en el marco de las protestas contra la reforma de la ley de extradición, que permitiría enviar a los condenados en la ex colonia británica a la China continental.

Miles de personas comenzaron a concentrarse el martes por la noche (hora local) en el distrito financiero de Hong Kong, ocupando Harcourt Road, una importante carretera cerca de las oficinas del Gobierno, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Los manifestantes acamparon, emulando la Revolución de los Paraguas de 2014, abasteciéndose de agua, comida y otros suministros, incluso médicos, amenazando con permanecer allí hasta conseguir que el Gobierno de Carrie Lam renuncie a la llamada Ley para Delincuentes Fugitivos.

El ex diputado Leung Kwok Hung, uno de los promotores de las protestas, instó también a los hongkoneses a ir a una huelga general hasta conseguir su objetivo. "Tenemos traidores que quieren vender Hong Kong, pero también tenemos a los hongkoneses", arengó.

En este sentido, el diputado Ip Kin Yuen contó que el Sindicado de Profesionales de la Educación estaba considerando llamar a un boicot total suspendiendo de forma indefinida las clases. La decisión, indicó, se anunciará pronto, según informa el 'South China Morning Post'

"Es normal que haya diferencias, pero debemos confiar en nuestros compañeros", dijo Nathan Law Kwun Chung, uno de los líderes de la Revolución de los Paraguas. "Nadie sabe cuál es la fórmula perfecta para ganar esta batalla, pero solo estando unidos podremos triunfar", subrayó.

Las autoridades hongkonesas ya habían anticipado una protesta masiva, por lo que ordenaron un despliegue de 30.000 efectivos, un operativo de seguridad similar al que se prepara para la visita de altos cargos chinos. En un primer momento, la Policía se ha mantenido vigilante, pero finalmente ha intervenido.

Los agentes han usado gases lacrimógenos y cañones de agua para desalojar a los manifestantes de los alrededores del edificio que alberga el Consejo Legislativo. "¡Echad gasolina, hongkoneses!", han gritado ellos, pertrechados con paraguas y gafas de buceo, animando a resistir.

De acuerdo con el 'South China Morning Post', los choques han alcanzado la sede legislativa. Un grupo de manifestantes se ha refugiado allí y los agentes les han seguido. Algunos diputados han asistido a los manifestantes con pañuelos y agua.

"UNA REVUELTA"

El único precedente de una carga policial así fue en 2014, cuando las fuerzas de seguridad se emplearon a fondo para poner fin a la Revolución de los Paraguas, una violenta intervención que las autoridades justificaron por la necesidad de acabar con el caos. Este es el mayor desafío al Gobierno hongkonés desde entonces.

"No hemos tenido más opción que usar las armas para cesar estas protestas ", ha dicho el comisario, Stephen Lo Wai. "Esto es una revuelta ahora", ha declarado. Tal calificación no se usó no siquiera en las protestas de Occupy de hace cinco años.

Las conductas consideradas una "revuelta" pueden ser penadas hasta con diez años de cárcel. "Condenamos este comportamiento irresponsable. No hay necesidad de hacer daño a gente inocente para expresar nuestras opiniones. Urgimos a la gente a no hacer nada que puedan lamentar el resto de sus vidas", ha subrayado.

DESAFÍO POPULAR

El Consejo Legislativo, dominado por una mayoría pro Pekín, había anunciado horas antes de que estallaran los disturbios que la votación que estaba previsto que se celebrara este miércoles, para que la reforma legal quedara aprobada en segunda lectura, se ha pospuesto.

Lam, por su parte, ha suspendido todas las apariciones públicas que tenía programas para este 12 de junio. Debía acudir a la entrega de los premios de la 47º Exhibición Internacional de Inventos y a los actos conmemorativos por el 19º aniversario de la Bolsa de Hong Kong.

Un millón de personas protagonizaron el domingo una histórica manifestación contra la Ley para Delincuentes Fugitivos, que se cerró con cargas policiales. Decenas de personas fueron detenidas, aunque solo unas cuantas personas siguen arrestadas.

Pese a la movilización popular en su contra, Lam ha insistido en seguir adelante. "Es una propuesta de ley muy importante que ayudará a defender la justicia y garantizar que Hong Kong cumple con su obligación internacional en materia de delitos transfronterizos y transnacionales", ha defendido.

La jefa del Gobierno hongkonés ha recibido el firme respaldo de Pekín. El portavoz del Ministerio de Exteriores Geng Shuang ha ratificado en la rueda de prensa de este miércoles que apoya la decisión de reformar la ley de extradición, al tiempo que ha condenado cualquier interferencia extranjera.

"POBRE REGISTRO EN DDHH"

Cerca de 80 ONG, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Hong Kong Human Rights Watch, enviaron la semana pasada una carta a Lam en la que pedían a la líder hongkonesa "parar inmediatamente su plan para enmendar la legislación" actual.

De aprobarse, Hong Kong podría entregar a Pekín a cualquier persona que se encuentre en el territorio, aunque sea "meramente de paso", por su posible implicación en una serie de delitos, para lo cual las pruebas solo tienen que alcanzar el nivel "prima facie".

"Los cambios propuestos ponen en peligro a cualquiera que esté en el territorio de Hong Kong y que haya llevado a cabo trabajos relacionados con la China continental, incluidos defensores de los Derechos Humanos, trabajadores de ONG, trabajadores sociales y periodistas", han alertado los firmantes.

Han recordado que China tiene "un pobre registro en Derechos Humanos", por lo que los extraditados se arriesgarían a torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o "juicios injustos" en los que podrían ser condenados a pena de muerte.

Por otro lado, un grupo de siete ex miembros de la Administración de Hongo Kong han publicado este miércoles una carta abierta en la que urgen a Lam a "retirar el proyecto de ley lo antes posible para crear las condiciones para que haya una discusión racional en la comunidad". "Somos oriundos de Hong Kong, amamos la ciudad y nuestro país", han recalcado.