Los conflictos competenciales planteados entre la Xunta y el Gobierno central desde la puesta en funcionamiento del sistema autonómico son apenas el 10% del total de las autonomías y representan la mitad que los del País Vasco, un 22,4%, y algo menos de cuarta parte de los establecidos con Cataluña, el 44,8%.
Galicia, que ha visto abrirse un nuevo frente de conflicto con la tramitación de una ley de ordenación de litoral propia, se mantiene como la nacionalidad histórica menos conflictiva, con 77 conflictos, frente a los 184 de Euskadi y los 367 de Cataluña, las autonomías que más han presentado de los 818 que han enfrentado al Estado y las autonomías. No todos estos conflictos corresponden a la Xunta sino que 24 han sido planteados por el Estado, mientras que 53 fueron a iniciativa de la Comunidad.
Además, Galicia ha presentado 33 recursos -frente a los 23 del Estado-, un ámbito en el que se sitúa a la par que Aragón y por detrás de otras comunidades, como Canarias (53) y Andalucía (61), aparte de País Vasco (69) y Cataluña (139), según el último Boletín de Conflictividad publicado por el Ministerio de Política Territorial.
La Xunta acaba de terminar la exposición pública del anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que para el Gobierno central es “poco menos que una declaración de independencia” y un texto “no ajustado a los límites de la Constitución”.
El Ejecutivo autonómico tiene intención de seguir adelante con su tramitación y aprobar la nueva ley en este año, para lo que se ampara en un informe del Consello Consultivo que avala que la Comunidad puede ejercer las competencias en materia de ordenación del litoral sin necesidad de reformar el Estatuto de autonomía, como considera el Gobierno central.
Esgrime la Xunta que hay cientos de edificaciones en la costa gallega, tanto de particulares como de empresas, que deben regularizarse. La nueva normativa permitirá actividades “estratégicas” en la costa, como establecimientos de turismo, como hoteles, siempre que sean en edificaciones “preexistentes”, de las que tiene catalogadas unas 300.
Galicia ha dado este paso después de que fuese desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley de cambio climático estatal por considerar que “prescinde de un régimen cierto sobre la extensión de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo y sus prórrogas, vulnerando el principio de seguridad jurídica”. Se trata de un aspecto que afectaba a instalaciones como la de la planta de Ence en Pontevedra, pendiente ahora de la decisión del Tribunal Supremo el próximo 7 de febrero sobre los dos recursos de casación presentados por la empresa a las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prorroga a la concesión para permanecer en la ría hasta 2073.
Aparte la Xunta también ha presentado este año un recurso, que ha sido admitido a trámite, contra la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno por afectar a las llamadas herencias en vida, una figura que reconoce el Derecho Civil gallego.
Sanidad, mar o energía, entre los otros temas de confrontación
Dos son los recursos que planteó Galicia contra el Estado en esta legislatura, de entre las 13 impugnaciones que han hecho en conjunto las comunidades autónomas, según un informe publicado por el Gobierno el pasado mes de diciembre.
Durante la presente legislatura estatal, que se inició en diciembre de 2019, el Estado ha planteado 20 impugnaciones de normativas autonómicas, 19 de ellas recursos y un conflicto positivo de competencias.
El Estado recurrió la Ley de Saúde de Galicia por entender que establecía una vacunación obligatoria y vulneraba la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, un conflicto que se resolvió tras un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación.
Por otra parte, esta misma semana, el Supremo ha dado la razón a la Xunta al rechazar un recurso contra el plan de explotación marisquera de Galicia 2021-2023 por parte del Gobierno, tras ser avalado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia frente a la impugnación estatal.
Xunta y Gobierno mantienen abiertos varios frentes, como el referido a la tramitación de los parques eólicos cuya autorización de conexión a la red caduca el 25 de este mes si no cuentan con declaración de impacto ambiental positiva, lo que por ahora tienen 66 de 140, de los que 48 aún están pendientes.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, cuestionaba en Fitur lo que considera el “ansia de confrontación” de Pedro Sánchez.
