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Los concellos deberán bajar las fugas de agua al 20% en 3 años

Dispondrán de dos años para identificar las pérdidas en redes de saneamiento y uno más para subsanarlas
Ethel Vázquez
Ethel Vázquez
Los concellos deberán bajar las fugas de agua al 20% en 3 años

n n n El anteproyecto de Ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situación de riesgo sanitario, que prevé la obligación de que los ayuntamientos reduzcan el nivel de pérdida en sus redes de saneamiento por debajo del 20 % en tres años, pasó ayer su primer trámite parlamentario. El Grupo Común da Esquerda, el BNG y el Grupo Mixto presentaron enmiendas de devolución, que fueron rechazadas con el voto negativo del PPdeG y la abstención del PSdeG, de modo que el anteproyecto de ley continuó de forma automática con su tramitación.
Esta ley establece un plazo de dos años para que los ayuntamientos realicen auditorías de sus redes de abastecimiento para identificar posibles fugas y un año más para actuar sobre ellas. De no alcanzar el objetivo de reducir estas pérdidas por debajo del 20%, la ley también prevé la imposición de un impuesto disuasorio cuya recaudación será finalista y estará destinada exclusivamente a la renovación de las redes de saneamiento.
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzó que la Xunta ayudará a los ayuntamientos a cumplir con este objetivo con una línea de ayudas incluida en los presupuestos de  2020 para instalar contadores de caudal que faciliten la identificación de las pérdidas. “Buscamos asegurar una prestación adecuada de los servicios de abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad adecuadas, reducir la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento frente a la sequía y proteger la salud pública en caso de riesgo sanitario en el abastecimiento”, apuntó Vázquez durante su intervención ante el pleno.

facturas comprensibles
En paralelo, la ley también promueve que las tarifas municipales por los servicios de suministro del agua sean de fácil comprensión, diferenciando tramos en función del volumen de agua consumida y sin que puedan establecerse mínimos exentos que desincentiven el consumo responsable del agua. 
También se concede un periodo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para que los ayuntamientos o entidades titulares de los sistemas de abastecimiento con más de 20.000 habitantes elaboren planes de emergencia frente a la sequía, una cuestión para la que la Xunta ya ha movilizado ayudas; en las de menos de 20.000 habitantes, se pide la colaboración de las diputaciones. Estos planes deben incluir, como mínimo, una descripción o diagnóstico del sistema de abastecimiento, una identificación de zonas más vulnerables y actividades estratégicas, un sistema de indicadores para prever los escenarios de riesgo con anticipación y la previsión de alternativas para garantizar el suministro de agua en un contexto de sequía.
Por último, y de cara a facilitar las actuaciones para garantizar el suministro, la conselleira ha anunciado que las medidas adoptadas en situación de sequía o riesgo sanitario llevarán implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los terrenos; las obras destinadas a tal efecto prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, que se adaptará a posteriori. n