Representantes de asociaciones de fiscales, magistrados, policías e inspectores de hacienda, entre otros, presentaron en Bruselas su “Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho” con el que pretenden denunciar la politización de las instituciones en España por parte de los partidos políticos y sobre todo el impacto que la ley de amnistía y los acuerdos con los independentistas catalanes está teniendo en su labor.
“Venimos a Europa, a la casa común, a pedir ayuda y a pedir respaldo en la defensa del Estado de derecho que nos mueve a todos los profesionales que estamos hoy aquí”, explicó a la prensa Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, antes de la presentación en un acto organizado por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa en la sede del Parlamento Europeo.
“Creemos que es necesario que se conozca la realidad de la situación, no versiones edulcoradas o versiones apartadas de la realidad”, defendió, subrayando que quienes promueven este pacto son “simplemente servidores públicos” sin “ninguna adscripción política”. “Venimos aquí a exponer la realidad desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo”, trasladó. En el vídeo de presentación, Dexeus defendió que tanto la UE como la Constitución española tienen entre sus principios rectores la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la separación de poderes o la independencia judicial.
Separación de poderes
“Estos valores hoy están en crisis en España debido a los pactos alcanzados para la gobernabilidad que conllevan la aprobación de una ley de amnistía en favor de los políticos independentistas que cometieran delitos de terrorismo, delitos de corrupción, delitos contra los que lucha decididamente la UE”, lamentó, incidiendo en que “esa norma no cumple los estándares europeos de democracia”.
Asimismo, la presidenta de la Asociación de Fiscales denunció que “se están produciendo ataques constantes contra el poder judicial, se señala a jueces y fiscales, que cumplieron con su deber profesional, se están colonizando las instituciones y se diluye la separación de poderes”.
Igualmente crítica con la situación se mostró Pilar Astray Chacón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. “La ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, pretende suprimir las consecuencias de cualquier delito cometido en un contexto independentista en un marco temporal amplísimo y supone una injerencia en la función jurisdiccional”, sostuvo.
“Los ataques al Estado de derecho en España por desgracia no son una novedad”, reconoció por su parte Alejandro Vega Jiménez, del Foro Judicial Independiente, denunciando expresamente “la politización que los partidos políticos mayoritarios vienen realizando de nuestras instituciones” en los últimos años, en particular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su opinión, la ley de amnistía no es sino “una nueva vuelta de tuerca, un auténtico salto al vacío institucional”, incidió Vega Jiménez.
El Tribunal de Cuentas pide a la Fiscalía conclusiones del “procés”
El Tribunal de Cuentas (TCu) dio un plazo de 10 días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que presenten sus conclusiones sobre la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán huido Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Cataluña por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern. Fuentes del órgano fiscalizador confirmaron que la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, dictó una resolución de trámite en la que notifica el plazo al Ministerio Público y la acusación popular. Según precisaron, una vez recibida la respuesta de ambas el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.
La consejera adoptó esta decisión después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del “procés”. Cabe recordar que aunque el Tribunal de Cuentas emplazó a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitan sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes incluso antes.
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público.
