Jueces y fiscales firmaron ayer un acuerdo con el Gobierno que contempla una subida salarial progresiva hasta alcanzar unos 450 euros brutos más al mes y un aumento de 200 plazas para las carreras judicial y fiscal entre este año y el próximo.
Los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública cerraron así un pacto con seis de las siete asociaciones profesionales, ya que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) decidió no formar parte del acuerdo por considerarlo “insuficiente, indigno e inaceptable”, aunque toda la carrera judicial y fiscal se beneficiará de las mejoras pactadas.
Tampoco la mayoría de las organizaciones firmantes está satisfecha con el trato alcanzado, que no es el que habrían “deseado”, dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a su salida del acto de la firma, que calificó de “formal, pero no frío” y en el que participaron los secretarios de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.
Para el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, el acuerdo final es “lo máximo que se podía conseguir”, aunque considera que si “hubiera sido unánime habría sido mejor”. “Tenemos que reclamar todos lo mismo y todos juntos”, dijo en referencia a la ausencia de la APM. “La unidad es lo que nos hace a todos más fuertes”, consideró, por su parte, Dexeus.
No obstante, ambos portavoces señalaron que el pacto es un “avance” y que permite “seguir resolviendo cuestiones que afectan a la administración de Justicia y a las carreras profesionales”. Para ello, se constituirán grupos de trabajo permanentes y una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes y que resolverá las dudas que se deriven de la aplicación del pacto, informó el Ministerio.
Además, la mesa de retribuciones pasará de tener que reunirse cada cinco años a hacerlo con carácter anual.
