El Gobierno se comprometió a rebajar el precio de la luz, el gas y la gasolina el próximo 29 de marzo con la aprobación de un decreto ley que incluirá medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania, un plan que quiere consensuar con los partidos políticos y los agentes sociales.
El Ejecutivo se reunió ayer con PP, Ciudadanos y PNV y se prevé que continúe en los próximos días con el resto de partidos y los agentes sociales, si bien los sindicatos no esperaron y anunciaron movilizaciones para el 23 de marzo para presionar de cara a la reunión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo que decidirá medidas conjuntas de contención de los precios de la energía.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que se tomarán medidas al margen de lo que ocurra en esa cumbre y que se estudian diferentes “alternativas” para tratar de bajar los precios de la energía. “Es un momento para la unidad, el único enemigo es Putin y la guerra salvaje que provocó. Hacemos un llamamiento al PP y al resto de grupos para que con unidad respondamos desde el Congreso a esta emergencia. Esa unidad se tiene que traducir en respaldar la posición de España en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo y en respaldar el decreto ley con todas las medidas del 29”, precisó.
“Vamos a trabajar para que el consenso incluya a la UE, y si no lo hay el Gobierno igualmente tomará medidas. Estamos barajando diferentes fórmulas, desde ayudas de Estado, fiscales, topar precios o establecer un precio único de la energía de manera que se pueda abaratar”, explicó.
PP y Cs piden rapidez
Tras la reunión del Gobierno con el PP, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, reprochó al Ejecutivo que no haya concretado las medidas fiscales para abaratar los precios de la energía y los carburantes y que no se adopten de forma inmediata, y reclamó rebajas en el IVA, el IRPF y aplazar o desechar los planes para subir impuestos.
Además, el PP pidió al Gobierno que las iniciativas planteadas para subir impuestos se aplacen o se desechen y que no se suban las cotizaciones hasta que se recupere el producto interior bruto previo a la pandemia.
Posteriormente, el Gobierno se reunió con Ciudadanos, que también le pidió rapidez y concreción a la hora de aprobar medidas para contrarrestar la subida de precios provocada por la guerra de Ucrania, y vinculó esa “tibieza” con el “miedo” a enfadar a sus socios de Podemos.
La propuesta de Cs pasa por ajustar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) a la inflación, rebajar los impuestos a los carburantes, mantener el IVA reducido en el precio de la electricidad durante todo el 2022 y adoptar “soluciones a medio plazo” en materia de energía como alargar la vida útil de las centrales nucleares o mejorar las interconexiones con Europa.
Por su parte, Podemos planteó sus propias medidas, entre ellas, la congelación de los alquileres durante 2022, un cheque energético de 300 euros para las familias, ampliar el bono social eléctrico, aumentar los beneficiarios del ingreso mínimo vital y limitar los beneficios de las eléctricas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, acusó a algunos de los principales grupos de la oposición de no plantear soluciones a los problemas derivados de la guerra en Ucrania más allá de bajar impuestos, y defendió que ya se tomaron medidas en este sentido.
Los sindicatos piden atajar los altos beneficios de las eléctricas
Los sindicatos manifestaron al Gobierno su rechazo a una bajada fiscal generalizada, porque “sería una trampa y no arreglaría nada” y pidieron medidas para contener el precio de la electricidad, por ejemplo, atajando los “beneficios injustificados de las eléctricas”.
Como medida de presión, ambos sindicatos junto a otras asociaciones, convocaron movilizaciones el próximo 23 de marzo, un día antes del Consejo Europeo que, confiaron, “autorice a los estados a levantar las normas que impiden el control de los precios, sobre todo, en materia de energía, permitiendo desvincular el precio de la electricidad del precio del gas”.
Entre las medidas reclamadas al Gobierno, explicaron, “se puede intervenir los beneficios de las energéticas”, ampliar el “escudo social” o desacoplar el IPC de las rentas de los alquileres. “Una cosa es que se puedan tomar medidas temporales sobre el IVA superreducido, impuestos a la electricidad o determinados impuestos en los hidrocarburos”, afirmaron, pero “no se trata de salvaguardar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para reducir la inversión en escuela infantil o en permisos de maternidad”.
