La Fiscalía solicitó al Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su condena de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral y, en caso de no aceptar su propuesta, pide que se confirme la sentencia.
En su escrito ante la Sala de lo Penal, fechado el 24 de febrero, la Fiscalía pide directamente que no se admita el recurso, si bien, subsidiariamente, impugna todos los motivos que alegó Torra contra su condena a año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC).
De una manera u otra, lo que pide el ministerio público es que se confirme su inhabilitación -que le impide ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo-, lo que implica que sería apartado de su cargo de presidente. La Fiscalía deja claro que la condena, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no afecta "en ningún caso" a "la inviolabilidad parlamentaria" de Torra porque no se produjo a raíz de "opiniones vertidas en el Parlamento" sino por "hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central".
Su decisión, recuerda, fue "contraria a las exigencias de neutralidad en periodo electoral (las elecciones generales del 10N) que también obligan al presidente de la Comunidad Autónoma". En un escrito eminentemente político, Torra denunció una "palmaria persecución política" que pretendía apartarle "ilegalmente" del Govern, argumentos en los que no entra la fiscal porque la sentencia recurrida "se ciñe a hechos". n
De una manera u otra, lo que pide el ministerio público es que se confirme su inhabilitación -que le impide ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo-, lo que implica que sería apartado de su cargo de presidente. La Fiscalía deja claro que la condena, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no afecta "en ningún caso" a "la inviolabilidad parlamentaria" de Torra porque no se produjo a raíz de "opiniones vertidas en el Parlamento" sino por "hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central".
Su decisión, recuerda, fue "contraria a las exigencias de neutralidad en periodo electoral (las elecciones generales del 10N) que también obligan al presidente de la Comunidad Autónoma". En un escrito eminentemente político, Torra denunció una "palmaria persecución política" que pretendía apartarle "ilegalmente" del Govern, argumentos en los que no entra la fiscal porque la sentencia recurrida "se ciñe a hechos". n
