La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para Pujol

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de 2018.
photo_camera El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de 2018.
Solicita para sus hijos penas de entre 8 y 29 y archiva el caso de su mujer, que sufre demencia por su estado de salud

La Fiscalía pidió  una condena de 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita y blanqueo, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama al primogénito de la familia, Jordi Pujol Perrusola. Entre ellos no está la mujer del expresident, Marta Ferrusola, a quien al juez sacó ayer  del caso en atención a la demencia que sufre.
De esta forma, poco más de ocho años y medio después de que se iniciase la investigación, la Fiscalía ya presentó su escrito de conclusiones provisionales en el que pide penas de cárcel para Pujol y sus siete hijos; pero también para la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, a quien reclama una condena de 17 años; y para diez empresarios, para los que solicita 5 años a cada uno, según informó la Fiscalía General del Estado. A los integrantes de la familia Pujol les acusa, según el caso, de delitos como asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Multas millonarias

Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito de la familia y que estuvo en prisión provisional por estos hechos, es para quien más pena de prisión reclama (29 años), seguido de Josep (14 años), y del resto de hermanos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, para quienes reclama 8 años. Peticiones de prisión que se suman a las multas millonarias a las que la Fiscalía quiere que sean condenados y que, por ejemplo, en el caso de Pujol Ferrusola ascenderían a más de 6 millones de euros sólo por los cinco delitos fiscales por los que le acusa.
La Fiscalía describe en su escrito cómo los miembros de la familia actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de concursos públicos de la administración pública catalana".

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