Europa, impulsada por Alemania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –también alemana–, está colocándose en la vanguardia de lo que se denomina la Gran Transición que supone reducir los gases de efecto invernadero.
El programa Next Generation es su principal herramienta política y económica con el objetivo de rebajar ese tipo de contaminación al menos un 55% en el plazo de diez años, hasta 2030. Para Galicia este plan es de enorme importancia, ya que es responsable de un 15% del total de las emisiones a la atmósfera de España, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, lo que supone que multiplica por tres el porcentaje que le correspondería en función de su producto interior bruto (PIB). Del total de emisiones, las centrales de producción de electricidad llegaron a suponer la mitad, nivel que irá bajando con las medidas ya adoptadas en Meirama y As Pontes.
La clave está ahora en vincular la recuperación económica de Europa con la transición ecológica, como prevé el programa Next Generation. De cómo se implemente en España va a depender la crítica situación de Galicia, a su vez muy pendiente de ver alternativas a todas esas industrias contaminantes que ya anunciaron su cierre o que están en fase de hacerlo.
Next Generation no solo tiene el respaldo político de los socios de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, sino también de amplios sectores sociales, sindicales y empresariales. A veces, con sus lógicas contradicciones, como sucede en Galicia al abordarse el cierre de plantas como la de Endesa en As Pontes, pero en el fondo con una firme determinación.
El cambio de modelo económico es un hecho, otra cosa son los tiempos y los planes de cada país. En España está más clara la voluntad política de apoyar el programa Next Generation que su concreción, lo cual causa cierta inquietud económica; de modo particular en Galicia, donde las actuaciones deberían ser al menos proporcionales a sus niveles de contaminación.
La concreción se plasmará de dos maneras: mediante la ley de Cambio Climático y los proyectos tractores con cargo a los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea, producto de la suma de las ayudas y créditos pactados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.
Visto el reto desde Galicia, que en buena lógica debe ser primada por su alto porcentaje de emisiones a la atmósfera, no se observan de momento grandes movimientos. Menos aún concreciones, es decir, proyectos impulsados desde los sectores público y privado. En este caso no solo es necesario el consenso político, sino también la implicación de los agentes sociales y económicos: sindicatos, empresas, bancos y fondos de inversión. Hay dinero pero hay que saber qué hacer con él.
De momento, hay más expectativas que realidades, lo cual no es una buena señal. Por no haber ni siquiera hay consenso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que a este paso van a ser prorrogados durante al menos los primeros meses de 2021, algo sin precedentes en la economía española. La ausencia de liderazgo político se convierte así en una amenaza para la economía en un momento en el que los grandes consensos deberían ser la norma. Solo faltaba que hubiera fondos europeos y la España de Pedro Sánchez –enredada en falsos debates– no supiera gestionarlos a tiempo.
La clave está ahora en vincular la recuperación económica de Europa con la transición ecológica, como prevé el programa Next Generation. De cómo se implemente en España va a depender la crítica situación de Galicia, a su vez muy pendiente de ver alternativas a todas esas industrias contaminantes que ya anunciaron su cierre o que están en fase de hacerlo.
Next Generation no solo tiene el respaldo político de los socios de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, sino también de amplios sectores sociales, sindicales y empresariales. A veces, con sus lógicas contradicciones, como sucede en Galicia al abordarse el cierre de plantas como la de Endesa en As Pontes, pero en el fondo con una firme determinación.
El cambio de modelo económico es un hecho, otra cosa son los tiempos y los planes de cada país. En España está más clara la voluntad política de apoyar el programa Next Generation que su concreción, lo cual causa cierta inquietud económica; de modo particular en Galicia, donde las actuaciones deberían ser al menos proporcionales a sus niveles de contaminación.
La concreción se plasmará de dos maneras: mediante la ley de Cambio Climático y los proyectos tractores con cargo a los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea, producto de la suma de las ayudas y créditos pactados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.
Visto el reto desde Galicia, que en buena lógica debe ser primada por su alto porcentaje de emisiones a la atmósfera, no se observan de momento grandes movimientos. Menos aún concreciones, es decir, proyectos impulsados desde los sectores público y privado. En este caso no solo es necesario el consenso político, sino también la implicación de los agentes sociales y económicos: sindicatos, empresas, bancos y fondos de inversión. Hay dinero pero hay que saber qué hacer con él.
De momento, hay más expectativas que realidades, lo cual no es una buena señal. Por no haber ni siquiera hay consenso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que a este paso van a ser prorrogados durante al menos los primeros meses de 2021, algo sin precedentes en la economía española. La ausencia de liderazgo político se convierte así en una amenaza para la economía en un momento en el que los grandes consensos deberían ser la norma. Solo faltaba que hubiera fondos europeos y la España de Pedro Sánchez –enredada en falsos debates– no supiera gestionarlos a tiempo.
