La cadena sueca de moda H&M tiene la intención de iniciar en España un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que afectará a un máximo de 1.100 empleados. La empresa textil informó ayer de esta cuestión a la representación legal de los trabajadores. La mesa de negociación está prevista que comience el próximo 23 de abril.
El Grupo H&M precisa que se encuentra en un proceso de transformación y reorganización a nivel global, con la intención de adaptar su operativa y estructura "creando una organización más eficiente, integrar aún más las tiendas físicas y online, y realizar los cambios necesarios en las tiendas para crear una mejor experiencia omnicanal" para sus clientes.
En España, y como parte de este proceso de transformación, la compañía explica que pretende reorganizar sus equipos y cerrar 30 tiendas (27 de H&M y 3 de COS), que se irán produciendo de manera escalonada durante 2021 y, los últimos cierres, a principios de 2022. El sindicato CCOO, el mayoritario en la empresa, reaccionó a la intención comunicada por la empresa y señala en una nota que tanto el número de personas afectadas como la cantidad de cierres de tiendas "es absolutamente desproporcionado". Puntualiza que, además de los cierres anunciados, otras 94 tiendas se verían afectadas por los despidos.
CCOO añade que "si bien es cierto que se puede haber producido un cambio en los hábitos de consumo, esto no justifica en ningún caso tal cantidad de despidos, más aún teniendo en cuenta que H&M se estuvo beneficiando de las condiciones que el Gobierno introdujo para los ERTE durante la pandemia".
Apunta que H&M aboga por el empleo "low cost" e informa de que la compañía también presentó una modificación sustancial de condiciones laborales para reducir las horas contratadas. Esta rebaja, afirma CCOO, afectaría a 24 establecimientos y 50 personas trabajadoras y "ahonda en la precarización" de las condiciones laborales.
Los gestores creen que la declaración de muchas personas en ERTE "saldrá a pagar"
Gestores Administrativos de Galicia alertó de que un elevado número de trabajadores que estuvieron en Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) durante 2020 estarán obligados a presentar la declaración de la renta, y que a muchos les saldrá a pagar. En un comunicado, los gestores gallegos avisaron de que este año "la información fiscal facilitada por la Agencia Tributaria presentará más inexactitudes que en años anteriores", por lo que prevén que "más del 97% de los borradores" van a tener incorecciones "que le pueden salir caras al contribuyente". Según indicó la corporación, que agrupa a casi 600 colegiados, algunas de las situaciones que pueden ocasionar más problemas son las de aquellos trabajadores en ERTE que se hayan reincorporado al mercado laboral y que hayan estado cobrando la prestación "de forma indebida" o aquellos que no recibieron la prestación o que cobraron una cantidad inferior o superior a la que les correspondía.
Y es que los asalariados sujetos a un expediente de regulación de empleo por covid-19 han tenido "al menos dos pagadores" -el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está considerado como segundo pagador-, por lo que el límite para estar obligado a presentar la declaración no será de 22.000 euros, sino de 14.000 euros -se exceptúan aquellas rentas abonadas por el segundo pagador que no superen los 1.500 euros-.
