La administración pública en Vigo y la provincia cuenta con 53.442 empleados, según los datos del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Esa cifra supone un 13,5% más que un año antes (datos de julio).
Lo que podría verse como un dato en positivo está lejos de la realidad y hay que ir a la letra pequeña. La función pública arrastra numerosos problemas. Para los sindicatos el crecimiento que se está viendo no es tal y se trata sólo de una recuperación del empleo perdido en la gran crisis económica, que se inició en 2008 y que todavía no se ha recuperado. En definitiva, que las plazas que están saliendo llevaban años sin estabilizar, de forma interina, y los sindicatos lamentan que la falta de personal afecte a la calidad de los servicios públicos.
Juan Loureiro, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Pontevedra, al ver los números lo tiene claro: “Lo que están haciendo es convocando procesos selectivos para plazas que ya llevan muchos años sin estabilizar, porque desde el año 2012 no se generaron plazas nuevas, cuando el primer gobierno de Rajoy estableció la tasa de reposición cero. Todas estas ofertas que se están convocando son estabilidad pura y dura de los puestos”.
En este sentido, explica que los sindicatos tienen abierta una negociación con la Administración Central para que se elimine la tasa de reposición: “Si eso se da, el año que viene tenemos que volver a generar puestos de trabajo”, apunta Juan Loureiro, para quien “como mínimo se deben generar un 30% más”. ¿Cuánto tiempo se puede tardar? “Si quien gobierna no cree en lo público, no lo recuperamos hasta el 2030, si no, en tres o cuatro años”, considera.
Añade además “que no nos dejan aumentar la masa salarial y todo eso repercute en la calidad de los servicios. Porque si el alcalde o el gestor público no puede contratar a nadie, tiene que seguir dando el servicio y se contrata empresas”.
Luis Carballo, secretario general de CIG Administración, explica que entre 2010 y 2018 se perdieron efectivos al no convocarse plazas y cancelar ofertas de empleo público y desde 2020 se está recuperando “aunque mínimamente”. “Venimos de una fase en la que se perdió mucho empleo y en una época sin contratación”, explica. “Estamos en una situación de menos empleados públicos, falta personal, aunque es cierto que se están poniendo las bases”, añade.
Aunque no es el único problema que señala. “También necesitamos un método más ágil en las convocatorias y resoluciones de los procesos selectivos”, es decir, que "los procesos selectivos tienen que agilizarse. No puede ser que se acumulen procesos, vamos con mucho retraso y en una oferta de 2021 pueden tomar posesión en 2025 y ahí necesitas contratación temporal. Lo que se necesita es que los procesos selectivos se convoquen y se resuelvan en el año”, concluye .
Del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas se extrae que en Vigo y la provincia hay algo más de 53.000 empleados públicos, de los que 9.700 son del Estado, que creció un 2,9%; 35.000 de la comunidad, que fue la que más creció, un 20,5%; y otros 8.600 de la administración local, que creció un 1,6%.
Luz López, coordinadora del área pública de CC OO de Galicia, explica que con la crisis se produjo “un aumento de la temporalidad, sobre todo en plazas estructurales, porque hubo sectores públicos donde la reposición era cero. La temporalidad se disparó y al final eso derivó en precariedad, con personas que cambian de puesto cada quince días o un mes cubriendo bajas”, apunta. Así que las plazas que se están convocando buscan dar estabilidad y reducir la temporalidad.
Su conclusión es que “sigue faltando personal, porque llevábamos acumulada mucha pérdida. No hay nada más que ver las listas de espera en sanidad o la temporalidad en educación. Todo eso se está recuperando” y “cuando lleguemos al 100% no se habrá recuperado lo anterior, porque hay jubilaciones”.
Negocian para poner fin a la tasa de reposición en 2025
El área de Función Pública del Gobierno, ahora como parte del Ministerio de Transformación Digital, ha anunciado que uno de sus objetivos es lograr que la tasa de reposición del empleo público desaparecerá a partir de 2025. Se trata de una de las primeras medidas que ha dado a conocer el ministro José Luis Escrivá en el Congreso de los Diputados.
El nuevo equipo de Función Pública reconoce la necesidad de reforzar las plantillas y recuperar el empleo perdido durante y después de la crisis de 2008. Por ello, entre otras medidas, se pondrá fin a la tasa de reposición, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público hasta ahora.
La jubilación de hasta un 60% de la plantilla de empleados públicos, que se producirá en la próxima década, hacen que desde el Gobierno se haya decidido eliminar la tasa.
El Gobierno reconoce un gran reto generacional en la Administración General del Estado, que lleva a que en la próxima década más de la mitad de los trabajadores se habrán jubilado, siendo una de las plantillas públicas más envejecidas en el ámbito de la OCDE.
