Personalmente me resulta nítido que no se precisa de una profunda formación jurídica en Derecho Constitucional para percatarse de la imposibilidad jurídica de que una parte de un Estado pueda acordar por sí misma la celebración de un referéndum para decidir si se trocea ese Estado Unitario mediante la creación de un nuevo Estado independiente que correspondería a la parte que pretende la segregación. Carece, como digo, del menor sentido. Y, sin embargo, es lo que se está pretendiendo en Cataluña por una parte de la clase política catalana que auspicia la independencia. El argumentario para la pretensión que han manejado los independentistas catalanes ha sufrido variación a lo largo de estos años. Primero se apeló a la autoridad de la Historia afirmando que Cataluña no solo era nación sino, además, Estado independiente de España, que desmoronó ese supuesto estado catalán e integró a ese territorio y sus habitantes dentro del Estado español por la vía de la invasión y la fuerza. El argumento, como ya he explicado en varias ocasiones, no se sostiene.
Cataluña, en cuanto sociedad, nunca ha sido Estado independiente. Se puede decir sin riesgo de esquiva ideológica que ha sido una parte diferenciad y con cierta personalidad propia, pero jamás se ha organizado como Estado sino que ha vivido integrada en los dominios francos, en el Reino de Aragón, y, finalmente, en España. Este dato demuestra que la sociedad catalana nunca ha tenido voluntad de organizarse como Estado independiente. Por ello, resultan inaplicables las comparaciones que se pretenden con Escocia, que sí lo fue y que decidió integrarse voluntariamente en la formación de Gran Bretaña firmando en 1707 del Acta de la Unión. Pero ni habiéndose integrado como consecuencia de un pacto, ha podido Escocia plantear un referéndum de posible ruptura de ese pacto sin haber obtenido previamente la autorización del Parlamento inglés.
A la vista del fracaso del argumentario histórico, el independentismo realiza un giro conceptual: Cataluña es una nación que ahora quiere organizarse como Estado y para ello -dicen- solo pide el derecho a decidir y por eso plantea el referéndum. Pues tampoco por este camino se obtiene respuesta lógica porque la soberanía de un Estado no es divisible y en tal caso el referéndum debería celebrarse en todo el Estado español. La regulación internacional del llamado derecho a decidir demuestra que no se dan ninguno de los supuestos en los que ese derecho se encuentra internacionalmente reconocido. Quizás por ello el Presidente de Cataluña, Artur Mas, ha querido internacionalizar lo que llama el conflicto. Se ha dirigido por carta a los líderes europeos y, además, ha enviado un memorandum explicativo de su posición a 45 países del mundo. El objetivo es involucrarlos en el conflicto. En la carta y memorandum asegura que se trata únicamente de que el pueblo catalán decida su futuro. Estas son sus palabras. Confío que pueda contar con ustedes para llevar adelante este proceso democrático y pacífico'. Pero, claro, para iniciar ese proceso se necesita una repuesta de la legalidad. Y en el Memorándum adjunto Mas señala que no hay razón para que el referéndum no pueda ser autorizado o tolerado bajo las leyes existentes españolas y catalanas, o por una nueva Ley que lo autorice. Pues claro que si: jurídicamente creo que no se puede autorizar por el Gobierno un referéndum secesionista de una parte del Estado. Mas no explica jurídicamente su posición, seguramente porque no es posible, y por ello da un salto de lo jurídico a lo político y asegura: Esta es una cuestión claramente de política, mas que de legalidad. Pues ya está solucionado: si la Ley votada por todos los españoles no permite lo que pretende, se dice que la dejemos a un lado porque lo que prima es la política. Seamos claros: la política primó en el momento de confeccionar la Constitución de 1978. Si hay que modificarla, como yo creo, habrá que hacerlo contando con todos los españoles. Decir que es un asunto político para abandonar el camino de la ley, es avanzar por terreno minado, que, en el fondo, refleja lo que se pretende ante la carencia de argumentos sólidos, y por eso dice Mas que no se necesitan leyes, que lo único que hace falta es voluntad política, sin añadir que esa voluntad política debe traducirse en violentar la legalidad constitucional.
Me he preguntado qué pasaría si Cataluña tomara unilateralmente una decisión secesionista sin contar con la legalidad. España hoy es miembro de la Unión Política Europea. El problema consiste en delimitar juridicamente el territorio de España, esto es, de la UE. Por tanto, creo que es asunto de Europa, no solo de España. ¿Cual será la respuesta?. Francia ha dicho que es cuestión solo de España. No lo comparto. El resto de integrantes de la UE de momento guardan silencio. Fuera de la UE nadie serio dirá nada. Veremos el final, pero veo en juego no solo la soberanía de España sino la propia Unión Política Europea porque si este asunto tan serio no les afecta, ya me dirán para qué sirve.
