El empresario Karl Jakobi, que en un coloquio en el Círculo de Directivos de Habla Alemana en Cataluña afirmó hace un mes ante el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, debería ir a la cárcel con todos los dirigentes del golpe de Estado de octubre, se siente ahora “avergonzado” después de que su justicia hubiera dejado en libertad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Albricias. Pero en España se le presta menos atención a algo tan grave como esta excarcelación dictada por una juez regional.
La ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, además de calificar como “absolutamente correcta” esa liberación, se ensañó este viernes con la justicia española retando perversamente a España, que “tendrá que explicar por qué lo acusa de malversación”.
Para remachar, aventuró con provocativa soberbia en declaraciones al importante diario Süddeutsche Zeitung que “no será fácil”. Le faltó un “Je, je”.
Esta intromisión de una ministra de Justicia en un caso judicial demuestra que es una insensata cazada para la difícil coalición del gobierno de Angela Merkel.
Cierto: también hay alemanes incompetentes en altos cargos gubernamentales, además de ignorantes de la conducta debida, algo que debe aprovechar España para dar una señal de autoridad exigiendo sus disculpas públicas o su destitución.
Mariano Rajoy debe darle una dura respuesta política y diplomática a Merkel porque ante tal falta de respeto no se puede ser pusilánime, cobarde o sumiso.
Y Pedro Sánchez tiene la obligación de reforzar la postura gubernamental, dadas las relaciones de las socialdemocracias española y alemana, porque el problema afecta a España como Estado.
Detrás de todo esto late un peligro, además: el intento de golpe de Estado nacionalista catalán equivale, aunque sin sangre, al putsch de Hitler en Munich de 1923, donde empezó todo.
