Voy con mi tema favorito, las comunidades de montes, amables a veces (el intento de desarrollar el complejo comercial Porto Cabral), colaborativas otras (la lucha contra los incendios) e insaciables en la mayor parte de sus acciones y estrategias. Y en todo caso, imposibles de reconducir. No hay un político gallego que se atreva a cambiar el status quo otorgado que les concede no solo la gestión del monte parroquial, lo que parece razonable, sino también la titularidad del suelo, un error de libro. Lo segundo ha llevado a que unas entidades más y otras menos hayan desarrollado una imparable campaña por ampliar sus dominios, en la mayor parte de los casos con éxito antes los tribunales de justicia. El argumento de que se trataba de montes de los vecinos “desde tiempos inmemoriales” resulta difícil de batir, incluso aunque la parte demandada pueda esgrimir títulos que se remonten a cien o más años atrás.
Peinador, la ITV o los terrenos de Ifevi en Cotogrande fueron cayendo uno tras otro y dejaron de ser públicos, propiedad de todos los ciudadanos, para pasar a manos de un grupo reducido, en este caso en Cabral. En el otro lado del municipio, en Tameiga, sus comuneros estuvieron a punto de expulsar a una de las mayores plantas del sector de la automoción, aunque finalmente prevaleció la razón y hubo acuerdo para que la empresa pueda seguir donde está. Pero se trata de una amenaza que va a seguir perpetuándose, y que en el caso de las ciudades resulta especialmente doloroso e injusto: en Vigo, unos vecinos tienen montes y otros no. Y por eso en Zamáns hubo que pagar con el dinero de todos los vigueses a otros vigueses comuneros por los terrenos para desarrollar el campus universitario de Vigo.
