Cuando el presidente francés François Hollande llegó a la cumbre del G-20 en San Petesburgo se había producido un debate en la Asamblea de su país y tenía al país fracturado porque había impedido que se votara una resolución a favor de la intervención militar en la que está dispuesto a embarcar a su ejército. También el británico David Cameron había debatido en la Cámara de los Comunes la posibilidad de intervenir en Siria después de que el régimen de Bachar al Assad el Assad gaseara a sus ciudadanos, y había recibido un no por respuesta de los representante de la voluntad popular. Cuando Rajoy llegó al G-20 el Congreso no había debatido sobre la cuestión, pero salió de la reunión habiendo firmado una declaración política que apostaba por una respuesta contundente, que lo quiere decir todo sabiendo cual es la intención de Estados Unidos, a pesar de que todavía cuenta con la autorización del Congreso, porque Al Assad traspasó la línea roja que pone a la comunidad internacional ante una difícil disyuntiva.
El comunicado, que puede servir y mucho a Barack Obama, es de tal ambigüedad que le viene bien a la posición del Gobierno español, porque hace referencia a una resolución del Consejo de Seguridad aunque a Estados Unidos no le haga falta para llevar a cabo el ataque contra objetivos clave del ejército sirio.
Pero la aceleración de las decisiones a partir de hoy con la vuelta de vacaciones del Congreso de EE UU debiera obligar a Mariano Rajoy a presentarse ante el nuestro como ya ha pedido el PSOE, para que los ciudadanos conozcan de forma fehaciente cuál es la posición del Gobierno, hasta donde está dispuesto a llegar en esta crisis y cuál será su grado de implicación en una hipotética operación militar para la que necesitaría la autorización de la Cámara y siempre que se hubiera producido una resolución de Naciones Unidas improbable por el veto de Rusia y China, a la espera de confirmación de los inspectores de la ONU sobre la utilización del gas sarín y por quien, aunque existen muy pocas dudas sobre la responsabilidad de Al Assad- o de las organizaciones internacionales a las que pertenece España UE y OTAN-, que no se han redactado y que por tanto impediría la participación de fuerzas españolas. Y por supuesto es preciso conocer también las razones de la oposición.
La decisión es de tal gravedad que no sería suficiente una comparecencia conjunta de los ministros de Exteriores y de Defensa aunque fuera solo para dar cuenta de la autorización que no necesita la aprobación del Congreso- de las bases de Morón y Rota y que de momento no se ha producido por parte del Gobierno estadounidense. La posición del Gobierno español ya no es de perfil bajo y tiene que concretar hasta qué punto está dispuesto a no dejar tirado al presidente Obama.
El recuerdo de las consecuencias políticas de la intervención española en la guerra de Irak, las cautelas establecidas legalmente para evitar el apoyo a decisiones unilaterales que no cuenten con el respaldo de la ONU, la presencia de tropas españolas en Líbano donde los milicianos de Hizbolá ayudan al régimen sirio, motiva que el Gobierno se mantenga en un segundo plano para una operación militar a la que solo se han apuntado Francia y Turquía además de EE UU. Pero también es necesario saber cuál es la posición del Gobierno sobre la guerra civil que se libra en Siria y sobre una intervención militar que aunque limitada y sin envío de tropas puede afectar de forma definitiva al inestable equilibrio que se mantiene en Oriente Próximo y que puede acabar con la implicación de Irán y a continuación de Israel.
