Opinión

La crisis de Gobierno que Sánchez (quizás) no hará

Lo menos que se puede decir de los ciento sesenta días de gobierno de Pedro Sánchez es que han sido de una actividad casi frenética. El matiz a introducir es que no siempre esta actividad ha redundado en un sentido positivo para los intereses de los españoles, aunque cosas meritorias haya habido, sin duda, para superar el anterior período de 'inactividad marianista'. Ha faltado, a mi juicio, un intento más pertinaz de pacto con la oposición en temas como la educación y una mayor transparencia en la justicia, dos puntos clave en el programa de cualquier Ejecutivo. Dos puntos clave que están a punto de convertirse en muy serios borrones en la trayectoria de Sánchez y su equipo.
Desde luego, no quiero contarme entre los críticos 'por principio' al Gobierno de Sánchez -sí, desde luego, me encuentro entre quienes critican a alguno de sus 'socios'-. No, al menos, puedo considerarme crítico con este Ejecutivo con los tintes algo grotescos con los que desde algunos sectores de la oposición quieren tildar al mandatario socialista: llamar 'colaborador con el golpismo catalán' e 'inconstitucional' a Sánchez, o tildar de 'castrista' a la Junta de Andalucía, como ha hecho Pablo Casado en su vorágine de campaña, o las cosas que escuché contra determinadas intervenciones de ministros en los medios tras la manifestación de Ciudadanos en Alsasua, me parecen, simple y llanamente, excesos verbales que se vuelven contra quienes los practican.
Pero sería para mí imposible no ver los muy grandes fallos en los que incurren algunas actuaciones gubernamentales. Uno de ellos reside en el propio organigrama del Ejecutivo, con una vicepresidenta que es como una especie de ministra portavoz bis -y, lo peor, siempre con cara de pocos amigos- y una portavoz 'titular' que acumula a esta función la de responsable de Educación, cartera que requiere, por sí sola, muchas horas de trabajo y de meditación. Un fallo, a mi juicio, copiado del anterior Gobierno de Rajoy, donde el portavoz Méndez de Vigo era, también, ministro de Educación. Y así pasó lo que pasó. Y así está pasando lo que está pasando con el nuevo borrador -ni siquiera parece un proyecto cerrado- alumbrado en materia educativa por la sin embargo eficaz y preparada Isabel Celaá.
Lo de la Justicia es muy otra cosa. Al desprestigio y aislamiento acumulados por la ministra del ramo se une una situación asfixiante, que pasa desde el Tribunal Supremo y su metedura de pata 'hipotecaria' al último varapalo europeo a la Justicia española. Pasando, sobre todo, por ese pacto para nada transparente entre PP, PSOE y Podemos para formar un nuevo Consejo del Poder Judicial afín al pacto partidista que, con nocturnidad y alevosía, se ha ido gestando entre las tres formaciones citadas -Ciudadanos no ha querido sumarse, porque piensa, a mi entender con razón, que deben ser los jueces quienes elijan a los jueces-. Aparentemente, el acuerdo ya está hecho, a falta de llegar a un consenso sobre la persona que debe presidir a los jueces y, de paso, el Tribunal Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo cuestionable mandato acaba ahora.
Hora sería de reflexionar si los intereses del país no necesitan un replanteamiento total en esta política de consensos sobre la Justicia, que anula a la sociedad civil y debilita el principio de la separación de poderes. Y, de paso, detenerse a meditar unos minutos, al menos unos minutos, acerca de hacia dónde vamos y para qué.
Bien podría Sánchez, como fruto de estas meditaciones, comenzar con una remodelación de su Gobierno, ya que se resiste como gato panza arriba a convocar ya las elecciones generales. Podría, quizá, aprovechar la proximidad de varias convocatorias electorales -europeas, autonómicas, municipales- para cambiar a algunos ministros, ahora que aseguran que está meditando el nombre de Josep Borrell, titular de Exteriores, para encabezar la lista socialista al Parlamento Europeo. Y si, de paso, convocase ya un debate sobre el estado de la nación, que es otra cosa de la que huye como de la peste, mejor: es necesario que, en estos tiempos de total confusión, de involución social y de libertad de expresión cada vez más acosada, todos los grupos políticos se definan en sus posiciones ante los gravísimos problemas que aquejan a la nación.
Si Sánchez no hace, como es probable que no haga, nada de esto, habría que convenir que toda esta actividad frenética a la que al comienzo me refería y que ha impreso a su mandato basado en apenas 84 escaños puede resultar tan negativa como ese cierto `pasotismo mariano` de la época anterior. Habríamos pasad de un extremo a otro para obtener los mismos, magros, resultados. Y eso, creo, a nadie le conviene, ¿verdad, señor Sánchez?

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