Los presupuestos se erigen como el instrumento central de política del Estado. Es innegable que en un momento excepcional como el que vivimos, disponer de un nuevo presupuesto no es sólo conveniente, sino que es más necesario que nunca para dar respuesta a las urgentes necesidades y retos económicos y sociales a los que se enfrenta nuestro país. Hoy si cabe son imprescindibles no sólo para afianzar la recuperación, sino también para la absorción de los ingentes recursos procedentes de la Unión Europea. El modelo de Estado que demandan los ciudadanos, más social, igualitario, sostenible y competitivo, no debe ser aplazado.
Esta semana el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se ha registrado en el Congreso, iniciando su tramitación. Se trata de unas cuentas focalizadas en consolidar una recuperación económica y social justa, que llegue a todas las personas y territorios, al tiempo que permite impulsar las grandes transformaciones y modernización de nuestro tejido económico y social para hacerlo más competitivo, eficiente, sostenible y resiliente ante futuras crisis. La actuación en ámbitos estratégicos de futuro se materializa en medidas efectivas para aumentar la productividad de nuestra economía, la reducción del desempleo, la inversión y formación en capital humano y tecnológico, la digitalización o la transición ecológica, la cohesión social o territorial y la igualdad de género, siendo de aplicación en todos los ámbitos territoriales: local, autonómico y central. Todo ello, dentro del marco de responsabilidad fiscal trazada por la Unión Europea, bajo la activación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que garantiza el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria.
Estos presupuestos movilizan la mayor cifra de inversión social de la historia de España para reforzar el Estado del Bienestar: 248.391 millones de euros, incorporando 27.633 millones procedentes de fondos de la Unión Europea. Estos ingentes recursos se destinarán a la consecución de dos principales objetivos. El primero de ellos es la reconstrucción económica y social para consolidar una recuperación justa, tras la crisis provocada por la pandemia. De esta forma, partidas de juventud son las grandes beneficiarias, crecen un 84% hasta los 12.550 millones de euro, se revalorizarán las pensiones entre un 2-3% con el coste de la vida, la prestación del Ingreso Mínimo Vital alcanzará los 4.436 millones de euros, se subirán un 2% los sueldos de los empleados públicos y dependencia recibirá la mayor financiación de la historia un 23,3% más. El segundo objetivo es la modernización de nuestro modelo productivo, relanzando la economía española hacia un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo basado en la innovación y nuevas tecnológicas. Para ello se elevan hasta 40.000 millones las inversiones y transferencias de capital y hasta los 13.298 millones en políticas de investigación, innovación y digitalización. Destacar las políticas de industria y fomento de energías limpias subirán hasta 11.316 millones, mientras que las ayudas al comercio, el turismo y las pymes se reforzarán con más de 2.932 millones de euros. Además, en políticas para mejorar la vertebración del país se invertirán 11.841 millones, mientras que fomento a la cultura subirá 38,4%.
En definitiva, esta cantidad de recursos sin precedentes mejorará la calidad de vida de las españolas y españoles. Son los presupuestos de país para consolidar la recuperación justa y modernizar nuestro sistema productivo, pero sobretodo son los presupuestos de las personas. Para que nadie se quede atrás. Un proyecto para el que es necesario un gran apoyo de los Grupos Parlamentarios. Se apela, pues, a la responsabilidad y al sentido de Estado. Es tiempo de consensos y acuerdos imprescindible en beneficio del interés general de la ciudadanía.
(*) Diputada del PSOE en el Congreso por la
provincia de Pontevedra.
