El presidente de la Xunta destacaba en días pasados la importancia de la 'función vigilante' de las televisiones públicas regionales como servicio público, entre ellas la TVG, y de custodia de las señas de identidad del territorio, que son el idioma y la cultura. Durante su intervención en la inauguración de un cónclave de televisiones regionales europeas, que tuvo lugar en Santiago, también se refirió a la necesidad de que ese papel ha de ser conjugado con la eficiencia, para garantizar la viabilidad y el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados.
La declaración de intenciones de Alberto Núñez Feijóo no deja de ser una obviedad, por cierto en abierta contradicción con lo que practica en su ejecutivo, a no ser que una vez dicho se ponga manos a la obra sin demora hasta lograr que la TVG cumpla los cometidos que le son propios y deje todo lo demás que, lamentablemente, es en lo que ocupa el tiempo. Acabar con un monstruo férreamente controlado por el gobierno de turno ?verbigracia, actualmente el del propio Feijóo-, a mayor gloria de su causa. Sería una aportación histórica y un acto de máxima honestidad acabar con un mal endémico del que todos los políticos abominan cuando están en la oposición, pero que en cuanto llegan al poder adoptan las medidas pertinentes para poner esa maquinaria al servicio de su causa, eliminando toda opción de crítica, aunque sea a costa de la ética y la información veraz.
Las televisiones autonómicas se han ido convirtiendo desde sus orígenes en un monstruo irracional y fastuoso que nada tiene que ver ya con esa teórica misión de defensa de la identidad y la cultura propias. Sí son, en cambio, herramientas de control político e informativo de la sociedad y elementos de desestabilización, que torpedean el sector privado de la comunicación, gracias a ingentes inyecciones económicas ?superiores a los 100 millones de euros al año en el caso de la TVG- de dinero público, además y para colmo de hurtarles, desde su posición de empresa mantenida por el erario, una parte significativa de los potenciales ingresos publicitarios. En realidad, si hay alguien que posee la eficiencia y profesionalidad que ahora falta a los entes públicos para abanderar la salvaguarda de los intereses de las comunidades autónomas son las empresas privadas del sector, con experiencia contrastada en un cometido, la información, que, a ellas sí, les es propio. Ellas sí podrían asumir con desahogo y mayor responsabilidad y eficiencia que cualquier empresa pública, el encargo de velar por las señas de identidad propias de cada territorio. Bastaría con arbitrar la fórmula y los medios para tal labor y, en paralelo, iniciar el desmantelamiento de ese disparate que son las televisiones públicas, en un importantísimo ejercicio de ahorro para las arcas públicas, que en estos tiempos constituiría un signo de credibilidad y eficacia en la gestión. Ese sí que sería un gran servicio a la sociedad.
El tiempo y la experiencia han demostrado que viabilidad y eficiencia son virtudes incompatibles con las televisiones públicas, de modo que sólo hay un camino para llegar al objetivo que, al menos en foros abiertos, propugna Alberto Núñez Feijóo, y ese camino pasa por el cierre de todas ellas, de hecho algunas autonomías han emprendido ya esa ruta que el presidente gallego, pese a lo que diga, se resiste a iniciar. Eso sí sería un ejercicio de austeridad necesaria, además de una apuesta por la libertad y el desarrollo del sector privado, el único que, en libre competencia, puede ofrecer a los ciudadanos calidad, pluralidad y variedad en la oferta. Así lo ha hecho durante años, pese a moverse durante años sometido a la competencia desleal ejercida desde los poderes públicos e intromisiones espurias de naturaleza partidista. Sin estas trabas, sus posibilidades de crecimiento medrarían exponencialmente; quedaría el terreno despejado para crear una oferta televisiva más solvente, más saneada, más independiente, más libre y, en consecuencia, más útil a la sociedad.
Ya no hay excusa para prolongar un despropósito incompatible con un sector de la comunicación que exige independencia empresarial e informativa y profesionalidad, además de vocación. Y dado que es el presidente gallego el que habla de viabilidad y eficiencia, parece oportuno sugerirle que empiece por aplicar sus postulados en su propia casa.
