Ni el PP pasó el rodillo en el Parlamento a la hora de aprobar la ley del Área Metropolitana (se aprobaron el 40% de las enmiendas de PSOE y BNG y sus diputados estaban satisfechos y frustrados por tener que votar en contra), ni Vigo tiene el mismo peso que los otros 13 ayuntamientos (cada alcalde tiene un voto para presentar propuestas, las decisiones las toma la asamblea, donde concejales vigueses suponen el 47% de los votos, más que en el Área de Barcelona), ni se trata de gobernar la ciudad desde fuera (la ley contempla un amplio consenso a la hora de tomar decisiones, de forma que Vigo, donde cada partido votará por su cuenta, no las imponga al resto sin acuerdos mínimos) ni en definitiva es una ley del PP, sino fruto de un largo consenso, una fórmula lanzada desde el Concello en tiempos del BNG que el actual alcalde tampoco objetó al presentar alegaciones.
Todo reside en una única cuestión: Caballero exigía ser presidente del Área por ley, sin votación ni consensos, con mando absoluto y sin posibilidad de ser revocado del cargo. Todo en la línea chavista que acompaña la gestión de un hombre para quien la democracia parece no ser más que un medio para el fin: el poder absoluto. No le vale otro, como demuestra con sus acciones, omisiones y declaraciones. Luego está el BNG y su extraña estrategia pro-Abel que Lois Castrillo no aplaude.
Caballero seguirá disfrazando la verdad y su Diario Aliado riéndole las gracias tras previamente pasar por caja. Vigo pierde un organismo político y de servicios que anhela desde hace 20 años y que le permitiría dar un salto cualitativo al frente de medio millón de habitantes. No hace falta que venga el lobby coruñés ni otros enemigos reales o inventados para dispararnos en nuestro propio pie.
