El presunto asesino de Diana Quer, y que no extrañe que “El Chicle” lo haya sido de otras mujeres, pagaría un mínimo de 25 años de cárcel si se mantuviera en vigor la “prisión permanente revisable” aprobada en 2015 por el PP y que toda la oposición quiere derogar ahora.
La Constitución de 1978, que eliminaba la pena de muerte --una Ley Orgánica de 1995 retiró una excepción que la permitía, la de las leyes penales militares para tiempo de guerra--, dice en su Art. 25.2 que las penas privativas de libertad “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
El Reino Unido o Francia, países con antiguas democracias, mantienen la cadena perpetua para delitos especialmente odiosos, como los cometidos con Diana.
Pero en España la oposición en pleno, incluidos Ciudadanos (C’s), socialistas, Podemos y separatistas, exigen derogar esa pena permanente revisable alegando que no es más eficaz que el cumplimiento íntegro de las condenas también legislado: quizás, pero su existencia tranquiliza a la ciudadanía.
La masa ciudadana no entra en exquisiteces legales, y en casos como el de Diana acata de mal grado la “reeducación y reinserción” de delincuentes como El Chicle, y si se reforma la Constitución aparecerán quienes exijan la retirada de ese dogma rehabilitador de malvados.
Aunque aparentemente El Chicle esté reeducado dentro de 25 años, es tan horrible su asesinato que quizás no merezca la libertad, como los violadores “reinsertados” que vuelven a atacar niñas y a veces matarlas.
Es cierto que España es el sexto país del mundo con menos asesinatos, 0,7 por 100.000 habitantes, pero que exista una pena de fuerte sonoridad y que de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos asustará algo más a los delincuentes y mejorará ese porcentaje.
