El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer un acuerdo de la comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado-Xunta que determina la decisión de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias del Ejecutivo estatal en relación al varios artículos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas de 2023, la norma que acompañó a los Orzamentos de 2024. También se acuerda designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral la solución que proceda. Además de su publicación en el DOG y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este acuerdo se comunicará al Tribunal Constitucional (TC), como es preceptivo.
La ley de medidas fiscales y administrativas es un instrumento utilizado por la Xunta de forma habitual para acompañar a las cuentas del ejercicio siguiente e introducir medidas fiscales o aprovechar para modificar otras normativas. En este caso, el Gobierno central ve problemas competenciales en tres artículos, siendo el primero de ellos el 25, que atañe al transporte público urbano e interurbano.
Entre otras modificaciones, se hace constar que el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que se domicilien en Galicia y se habiliten para la prestación de servicios interurbanos será realizado por el órgano de la Administración gallega que, directamente o por delegación, tuviera atribuida la competencia para su expedición.
La norma agrega que los ayuntamientos serán competentes para dar autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quienes dispongan previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia.
Los otros dos artículos con los que tiene desavenencias el Ejecutivo central aluden a la modificación de la ley de salud (en puntos relativos a la resolución de expedientes de incompatibilidades y a la cesión de datos, así como a la medicina genómica), y a la modificación de la ley de ordenación de la minería.
También hay discrepancias sobre la disposición adicional primera, que tiene en el foco las medidas especiales en materias de listas de contratación de personal laboral temporal interino sanitario durante 2024.
