El juez belga de primera instancia no decidirá hasta el 17 noviembre sobre la entrega a España
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, expresó ayer su confianza en que Bélgica extradite al expresident catalán Carles Puigdemont pues considera que hay "fundamentos de sobra" para atender la petición de la justicia española aunque ha admitido que esa decisión no le corresponde a él.
Maza hizo estas declaraciones antes de pronunciar la conferencia "El fiscal: nuevo director en la investigación penal", organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta en Valencia y que tenía que haberse celebrado el pasado lunes, aunque fue suspendida el mismo día en que se anunciaron las querellas de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament catalán.
Preguntado sobre la decisión de la justicia belga de dejar en libertad con medidas cautelares a Puigdemont y cuatro exmiembros de su gobierno, dijo que respeta las decisiones jurisdiccionales y más si proceden de un Estado miembro de la Unión Europea. Tras reiterar que cada caso "es distinto" según el país en que se instruya una causa, puso el ejemplo de que la situación por el riesgo de reiteración delictiva no es la misma en España que en el extranjero.
Sobre si la Fiscalía pedirá este jueves el ingreso en prisión para Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament catalán, dijo que no puede anticipar la posición del ministerio público "y menos antes de que preste la declaración correspondiente" y se desconozca "si hay fundamentos" para pedirlo. Sobre los posibles delitos que se puede imputar a los procesados, explicó que la Fiscalía ya presentó en su querella "todas las diferentes opciones que se pueden presentar" contra ellos pero que será en el escrito de acusación, una vez declaren, donde se concretarán sus posiciones.
“Más dura será la caída"
Dijo además que el título de "Más dura será la caída" que figura en los metadatos de la nota de prensa donde se explicaba las querellas contra el Govern cesado y la Mesa del Parlament se debió a un error "desafortunado" por el que han pedido ya disculpas y que se justifica en el título de un documento anterior de un miembro de la Fiscalía "aficionado a la música", concretamente a Gabinete Caligari y a una de sus canciones.
Mientras, ayer se conoció que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, según confirmó oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió el domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
Restricciones
Entre las restricciones a la libertad concedida se encuentran la prohibición de viajar al sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir mientras tanto en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.
Recurso ante Apelaciones y en la Corte de Casación
La portavoz de la Fiscalía belga Ine Van Wymersch señaló ayer que se propuso la libertad condicional porque "para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad". "Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración", añadió.
Preguntada por posibles presiones del Gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe "total independencia del poder judicial.
Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega del fugado Carles Puigdemont y los exconsejeros a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión del magistrado ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.
Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía.n
