Opinión

Tener años no es tener menos derechos

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Tener años no es tener menos derechos

Pasan los años y la ley de vida va imponiéndose; implacable. Los hijos crecen, desarrollan sus mundos y, poco a poco se irán independizando. Probablemente las tierras que pisarán serán internacionales, compartirán música, transporte y vivienda pero, poco a poco, necesitarán menos de nuestros cuidados y atenciones, que se orientarán a nuestros padres y abuelos; aquellos que nos han cuidado antes a nosotros y también a nuestros hijos. Vivirán más años, pero la mente y sus huesos pedirán, tarde o temprano, ser auxiliados y asistidos por quienes tenemos la fortuna de poder hacerlo. Algunos podrán quedarse en casa, donde la mayoría de los ancianos desean envejecer, pero otros habrán de ser trasladados a las residencias de mayores, donde serán atendidos por personal especializado. Para todos, las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su valiosa aportación a la sociedad.

De estas residencias esperaremos lo mejor. El mejor personal, atención personalizada, compañía, alimentación adecuada,… De nuestros gobernantes, políticos y autoridades sanitarias, también hemos de exigirlo. Por ello, la sola idea de que pueda ser cierto que alguien haya impedido a las residencias el traslado de enfermos con Covid-19 a los hospitales resulta estremecedora. 

La crisis sanitaria habría puesto contra las cuerdas a cualquier gobierno. Es criticable que se hayan cometido errores, imprevisiones, precipitaciones, compras fallidas de material, instrucciones contradictorias, ocultación de datos,… La oposición tratará de desgastar al gobierno por su gestión, pero será muy difícil que tengan base legal y prosperen por estos motivos causas penales contra el ejecutivo y las autoridades sanitarias. Sin embargo, otra cosa bien diferente es que desde algún centro de decisión se haya denegado la derivación de ancianos enfermos a los centros hospitalarios. 

Sabemos que en esos centros se han tenido que tomar durísimas decisiones al tener que elegir quienes, entre dos, cinco o diez enfermos ocuparía la única cama de UCI disponible. Pero entre esos dos, cinco o diez enfermos tendrían que haber estado los mayores derivados de las residencias, para que tuvieran, tan solo, esa opción, cuando no, la de haber sido trasladados a la red sanitaria de otras Comunidades autónomas con mejor disponibilidad asistencial. 

Si esto es así, si se llega a demostrar que se produjo este macabro tapón al sistema sanitario por parte de la autoridad que sea (pública, privada, estatal o autonómica) estamos, como sociedad, obligados a llegar hasta el final. No se trata de un error cualquiera, sino de un gravísimo atentado a los sagrados principios de libertad e igualdad que deben regir en el modelo de sociedad que nos merecemos.  

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