Primeras medidas reveladoras

Primeras medidas reveladoras

Antes de las elecciones escribí que la aplicación de medidas ideológicas en la gestión del gobierno municipal eran muy reducidas. De hecho, los alcaldes que se consolidan y sobreviven a distintas elecciones no suelen aplicar códigos ideológicos definidos; más bien, hacen gala de un populismo forzado como herramienta para movilizar a sus conciudadanos. Son bien conocidos los ejemplos; podrían  pertenecer indistintamente a uno u otro partido, ya que no es la ideología lo que les motiva, sino el populismo. Ojo al nuevo de Orense. Friki donde los haya, si es hábil inventándose enemigos, propagando que el es el único que puede resolver el futuro orensano y haciendo de cuando en vez algún comportamiento excéntrico, no lo sacan ni con agua caliente.
Pues eso, malos tiempos para las ideologías en los ayuntamientos. Sin embargo, algún margen puede caber. Las primeras medidas que han adoptado los nuevos alcaldes de Madrid y Barcelona llegan cargadoras de ideología.
José Luis Martínez-Almeida, nuevo alcalde de Madrid, ha prometido en campaña instaurar una revolución fiscal en beneficio de los madrileños. Su primera medida en este sentido consiste en bonificar el 95% de la plusvalía municipal cobrada por el Ayuntamiento a contribuyentes que traspasen su vivienda a familiares directos, en el marco de un proceso de donación o herencia. Además, la retocará 
para adecuar su gestión a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro del impuesto a aquellas personas que vendieron su piso por un valor inferior al de compra y se ha comprometido a agilizar las devoluciones a 25.003 apelantes que se encuentran pendientes de resolución y cuyo coste asciende a más de 300 millones de euros.
Por su parte, Ada Colau, en Barcelona, también ha actuado. Ha expropiado por primera vez el derecho de uso de una vivienda vacía en Barcelona. Y lo ha hecho expropiando el inmueble a un banco, en concreto, el BBVA. Después de comprobar que  el piso llevaba más de dos años vacío, el Ayuntamiento ha aplicado las leyes catalanas 24/2015 y 4/2016 para incorporar el inmueble al parque municipal de vivienda.
Uno respeta el sagrado principio liberal de la propiedad privada, devolviendo al ciudadano lo que la administración les incautó de manera injusta y otra, se carga tal principio para arrebatar un bien a quien es su legítimo propietario. La cosa tiene bemoles.