Vaya perogrullada. Por definición, la Ley tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en consonancia con la Justicia, es decir, protegernos de los delitos. Las leyes, además, han de subordinarse a la Ley fundamental del Estado, que es la Constitución. Si no lo hacen, por vulnerar el principio de presunción de inocencia (garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) o por incumplir (art. 14) el derecho a la igualdad ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, tal como lo hace la Ley de Violencia de Género, habrá que luchar para cambiarlas y/o adaptarlas a nuestra norma constitucional.
La petición de VOX en Andalucía para examinar la política llevada en esa Comunidad Autónoma en la selección y financiación de personas y entidades que componen las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género se ha topado con un muro. Los populares se han despachado con un “ni un paso atrás” en la protección de la mujer; "luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación" fue la postura de Rivera; “caza de brujas en los servicios de atención a las víctimas de violencia de género” o «Vox inicia la purga, la persecución y las listas negras entre los trabajadores de violencia de género”, fueron proclamas que inmediatamente saltaron a titulares y redes sociales. La que me pareció más pintoresca fue aquella que la Cámara andaluza esgrimió con el argumento de que tal petición vulneraba la Ley de Protección de Datos, cuando lo que se está pidiendo realmente son “leyes de protección de delitos”, no de datos, que impidan que gente e instituciones sin cualificación participen en algo tan inmensamente sensible para el desarrollo de la vida emocional de padres, madres e hijos, como son, por ejemplo, la emisión dictámenes psicosociales en términos de custodia de menores.
Por dos veces, el Consejo General del Colegios Oficiales de Psicólogos y la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, han denunciado ante el Ministerio de Justicia que la elaboración del protocolo de evaluación sobre "violencia de género", fue realizado sin la participación de psicólogos, así como la "injerencia, intrusismos e irregularidades" en este tipo de valoraciones. Parece obvio y no creo que nadie pudiera pensar otra cosa, que resulta preferible que los equipos de valoración acrediten experiencia y titulación a que su nombramiento sea el resultado de la arbitrariedad o responda a criterios ideológicos que segreguen por sexos la culpabilidad.
Si estamos de acuerdo en esto, puede extrañarnos que la petición de VOX fuera rechazada con tal contundencia, si de lo que se trata es mejorar los procedimientos de persecución a los agresores, protección a las víctimas y de elaboración de dictámenes psicosociales profesionales en custodia de menores y declaraciones de desamparo, además de fiscalizar el destino de las ayudas económicas correspondientes.
