La Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la contratación pública recuerda, en su preámbulo, que la contratación pública es un instrumento para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con impactos económicos relevantes. También alude a que una contratación pública eficiente, eficaz y competitiva es tanto un referente para un mercado único que funcione adecuadamente como un canal principal para inversiones europeas.
Hoy, la contratación pública se enfrenta a nuevos desafíos puesto que cada vez es más importante una mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas en entornos presupuestarios más restrictivos. En este tiempo, en materia de contratación pública, se deben usar las oportunidades de digitalización y mercados en evolución. Asimismo, se debe realizar una contribución estratégica a los objetivos de política horizontal y se deben promover valores sociales como la innovación, la inclusión social, la sostenibilidad económica y medioambiental. Se debe maximizar la accesibilidad y que se muestre responsabilidad para minimizar las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la corrupción, así como para crear cadenas de suministro responsables.
Por tanto, es necesario según la Comisión Europea, “garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles para sacar el máximo partido de este instrumento esencial para las inversiones europeas”, para lo que es menester, desde el punto de vista de la eficiencia, “garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y que los compradores públicos estén en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de profesionalidad”. Por eso, “mejorar y respaldar la profesionalidad entre los profesionales de la contratación pública puede ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la economía”. Es lógico, sin profesionalidad estos objetivos serían obviamente de imposible cumplimiento y realización.
Según la Comisión Europea “el objetivo de la profesionalización de la contratación pública es reflejar la mejora general de toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación”.
En la Unión Europea, casi la mitad de los Fondos de Cohesión se canaliza a través de la contratación pública. Durante el período 2014-2020, sin contar los Fondos especiales para la crisis del coronavirus, la UE habrá invertido 325.000 millones EUR (casi una tercera parte del presupuesto total de la UE) en las regiones de Europa a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que tienen como fin promover el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad y la reducción de las diferencias de desarrollo.
La profesionalización según la Comisión Europea cubre “la gama completa de las labores de los funcionarios encargados de las contrataciones que están implicados en cualquier etapa del proceso de contratación, desde la identificación de las necesidades hasta la gestión de los contratos, ya se encuentren en administraciones o instituciones centrales o descentralizadas, con funciones definidas específicamente como relacionadas con la contratación o simplemente responsables de ciertas tareas relacionadas con la contratación, herramientas y apoyo, así como la arquitectura política institucional, que son necesarios para realizar el trabajo de forma eficaz y obtener resultados”.
Y, ahora, los fondos para la reactivación económica consecuencia de la crisis de la pandemia, cuantiosísimos, deben ser gestionados en un entorno de profesionalización que propicie que se destinen al servicio objetivo del interés general. No a financiar proyectos particulares al servicio de intereses inconfesables. España se juega mucho en esta tarea. Puede y debe hacerlo.
Hoy, la contratación pública se enfrenta a nuevos desafíos puesto que cada vez es más importante una mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas en entornos presupuestarios más restrictivos. En este tiempo, en materia de contratación pública, se deben usar las oportunidades de digitalización y mercados en evolución. Asimismo, se debe realizar una contribución estratégica a los objetivos de política horizontal y se deben promover valores sociales como la innovación, la inclusión social, la sostenibilidad económica y medioambiental. Se debe maximizar la accesibilidad y que se muestre responsabilidad para minimizar las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la corrupción, así como para crear cadenas de suministro responsables.
Por tanto, es necesario según la Comisión Europea, “garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles para sacar el máximo partido de este instrumento esencial para las inversiones europeas”, para lo que es menester, desde el punto de vista de la eficiencia, “garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y que los compradores públicos estén en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de profesionalidad”. Por eso, “mejorar y respaldar la profesionalidad entre los profesionales de la contratación pública puede ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la economía”. Es lógico, sin profesionalidad estos objetivos serían obviamente de imposible cumplimiento y realización.
Según la Comisión Europea “el objetivo de la profesionalización de la contratación pública es reflejar la mejora general de toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación”.
En la Unión Europea, casi la mitad de los Fondos de Cohesión se canaliza a través de la contratación pública. Durante el período 2014-2020, sin contar los Fondos especiales para la crisis del coronavirus, la UE habrá invertido 325.000 millones EUR (casi una tercera parte del presupuesto total de la UE) en las regiones de Europa a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que tienen como fin promover el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad y la reducción de las diferencias de desarrollo.
La profesionalización según la Comisión Europea cubre “la gama completa de las labores de los funcionarios encargados de las contrataciones que están implicados en cualquier etapa del proceso de contratación, desde la identificación de las necesidades hasta la gestión de los contratos, ya se encuentren en administraciones o instituciones centrales o descentralizadas, con funciones definidas específicamente como relacionadas con la contratación o simplemente responsables de ciertas tareas relacionadas con la contratación, herramientas y apoyo, así como la arquitectura política institucional, que son necesarios para realizar el trabajo de forma eficaz y obtener resultados”.
Y, ahora, los fondos para la reactivación económica consecuencia de la crisis de la pandemia, cuantiosísimos, deben ser gestionados en un entorno de profesionalización que propicie que se destinen al servicio objetivo del interés general. No a financiar proyectos particulares al servicio de intereses inconfesables. España se juega mucho en esta tarea. Puede y debe hacerlo.
