Parece que habíamos aprendido algo de las consecuencias del llamado “procès”, Y en el colmo del optimismo, Pedro Sánchez auguraba que gracias a los indultos y la amnistía entrábamos en un tiempo nuevo de normalidad democrática y reconciliación entre Cataluña y el resto del Estado, cuando el Parlament admite a trámite una proposición de ley unilateral y soberana para volver a declarar la independencia, mientras resuenan en las bóvedas celestes las palabras del señor presidente del Gobierno y anuncia, con cierto patetismo dramático que, como si cupiera otra cosa que ha dado la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament que el 20 de febrero, como ocurriera el 9 de noviembre de 2019, admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña. O sea, vuelta a empezar. ¡En qué quedamos? O sea, que se vuelve a incurrir en los actos pasados del Gobierno de la derecha y aquello del 155 y el procesamiento y condena de los dirigentes del independentismo, incluida la presidenta del Parlament que el mismo indultó y a la que alcanza la amnistía reparadora de los errores del Estado que cometiera la misma derecha a la que Sánchez acusaba antes de ayer de ser la responsable del “procès” por judicializarlo, cosa que se entiende que él nunca hará si se repite. ¿O no?
Y al PSOE le crecen los enanos. Pese a la prudente actitud de ERC en este asunto, el PSOE ha tenido que salir al paso desmintiendo el aserto de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que dijo que ambos partidos ya estaban negociando un referéndum. El partido del Gobierno insiste en que pese a las negociaciones con mediador en el extranjero y las conclusiones que es fácil establecer, visto los antecedentes de lo de la amnistía, no están negociando referéndum alguno. Pese a que sus socios de Gobierno que Sánchez precisa para seguir en la Moncloa repiten cada mañana que su objetivo final es la autodeterminación. Hasta el comprensivo Sánchez dice que tienen derecho a expresar ese objetivo, aunque él no lo otorgará. Claro que si vemos lo que decía hace poco de lo de la amnistía, uno se siente motivado a creer más a ERC, que nunca nos ha engañado.
De momento el camino de la independencia sigue su curso, con paradas previas intermedias, como la cesión del control de la inmigración y la reclamación del pacto fiscal y otras cesiones. Conviene recordar que la negativa de Rajoy a la petición de Mas de un pacto fiscal fue uno de los detonantes del “procès” que ahora la amnistía borra del mapa en sus consecuencias judiciales, mientras se regenera el objetivo de aquel. La debilidad de Sánchez está siendo bien aprovechada por sus consocios que, conviene recordarlo no han renunciado a ni cedido en nada.
Menos mal que surgen avisos alertadores como la de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un documento que evalúa las consecuencias de la soberanía tributaria de Cataluña que está sobre la mesa. Los inspectores advierten que lo que pretenden los independentistas sobre los que se sostiene Sánchez supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento, deterioraría la lucha contra el fraude fiscal y conllevaría una sustancial merma de los servicios públicos al ciudadano al socavar el actual sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad entre territorios. Pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, propone el actual sistema de financiación autonómica para que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos de la región y que tan sólo entregue un cupo al Estado, como hace el País Vasco. Por su parte, Marta Rovira ha dicho que los avances de Cataluña deben cimentarse en la unión de las tres mesas de diálogo: la del PSOE con ERC, la Sánchez con Junts y la de gobiernos, respectivos. Y atentos a la perspectiva técnica del viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, señaló que mejorar el sistema de financiación de Cataluña es parte del pacto de legislatura y que, aunque el PSOE inicialmente rechaza estas negociaciones, finalmente termina aceptándolas. Y tienen razón, se saben reforzados y seguros tras imponerle a Sánchez la amnistía como pago a sus votos. ¿O es que a estas alturas se puede decir otra cosa?
Y al PSOE le crecen los enanos. Pese a la prudente actitud de ERC en este asunto, el PSOE ha tenido que salir al paso desmintiendo el aserto de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que dijo que ambos partidos ya estaban negociando un referéndum. El partido del Gobierno insiste en que pese a las negociaciones con mediador en el extranjero y las conclusiones que es fácil establecer, visto los antecedentes de lo de la amnistía, no están negociando referéndum alguno. Pese a que sus socios de Gobierno que Sánchez precisa para seguir en la Moncloa repiten cada mañana que su objetivo final es la autodeterminación. Hasta el comprensivo Sánchez dice que tienen derecho a expresar ese objetivo, aunque él no lo otorgará. Claro que si vemos lo que decía hace poco de lo de la amnistía, uno se siente motivado a creer más a ERC, que nunca nos ha engañado.
De momento el camino de la independencia sigue su curso, con paradas previas intermedias, como la cesión del control de la inmigración y la reclamación del pacto fiscal y otras cesiones. Conviene recordar que la negativa de Rajoy a la petición de Mas de un pacto fiscal fue uno de los detonantes del “procès” que ahora la amnistía borra del mapa en sus consecuencias judiciales, mientras se regenera el objetivo de aquel. La debilidad de Sánchez está siendo bien aprovechada por sus consocios que, conviene recordarlo no han renunciado a ni cedido en nada.
Menos mal que surgen avisos alertadores como la de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un documento que evalúa las consecuencias de la soberanía tributaria de Cataluña que está sobre la mesa. Los inspectores advierten que lo que pretenden los independentistas sobre los que se sostiene Sánchez supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento, deterioraría la lucha contra el fraude fiscal y conllevaría una sustancial merma de los servicios públicos al ciudadano al socavar el actual sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad entre territorios. Pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, propone el actual sistema de financiación autonómica para que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos de la región y que tan sólo entregue un cupo al Estado, como hace el País Vasco. Por su parte, Marta Rovira ha dicho que los avances de Cataluña deben cimentarse en la unión de las tres mesas de diálogo: la del PSOE con ERC, la Sánchez con Junts y la de gobiernos, respectivos. Y atentos a la perspectiva técnica del viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, señaló que mejorar el sistema de financiación de Cataluña es parte del pacto de legislatura y que, aunque el PSOE inicialmente rechaza estas negociaciones, finalmente termina aceptándolas. Y tienen razón, se saben reforzados y seguros tras imponerle a Sánchez la amnistía como pago a sus votos. ¿O es que a estas alturas se puede decir otra cosa?
