Amnistías, referendums, autodeterminación y dinero público a espuertas. Este es el presunto precio de los siete votos del “Junts” de Puigdemont, bajo el paraguas jurídico de la próxima “Ley orgánica de amnistía por la convivencia institucional”. Precio que el sanchismo está dispuesto a pagar... y lo que haga falta. Y es que para ellos el fin sí justifica los medios.
Mientras esto acontece, la ya fallida Ley Estatal de Vivienda, sigue produciendo sus perniciosos y nocivos efectos colaterales. Y la okupacion de una propiedad es uno de estos lamentables efectos. La okupación se ha agravado en los últimos años en España, y por supuesto también en nuestra Galicia. Y muchas de las okupaciones ya ni siquiera se denuncian, ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema. Con lo que son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones, o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas. Lo que es muy preocupante, por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema.
Dicho esto, es difícil saber cuántas propiedades están okupadas. En Galicia, siendo muy prudente, diría que suben de las 1.000 propiedades de todo tipo. La titularidad de las propiedades de todas las okupaciones es compleja de saber, aunque estimo que aproximadamente un 88% son de procedencia bancaria, fondos de inversión y Sareb. En el resto estarían particulares y propiedades vacías o abandonadas, de Administraciones públicas.
Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos episodios de conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el del resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general. Y mientras no se definan de manera nítida los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues la inseguridad jurídica seguirá siendo brutal.
Debemos recordar que España es un estado de derecho, y como tal es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. No se puede vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los que los españoles nos hemos dotado con la Constitución, y entre ellos está el respeto a la propiedad privada.
El tema es que el problema se ha agravado y multiplicado, y hay que afrontarlo. Sobre todo en una comunidad como la nuestra con más de 500.000 viviendas vacías según el INE. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello.
En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra Galicia, debido a una legislación que no afronta la problemática actual en un contexto social y económico enormemente complejo.
Mientras esto acontece, la ya fallida Ley Estatal de Vivienda, sigue produciendo sus perniciosos y nocivos efectos colaterales. Y la okupacion de una propiedad es uno de estos lamentables efectos. La okupación se ha agravado en los últimos años en España, y por supuesto también en nuestra Galicia. Y muchas de las okupaciones ya ni siquiera se denuncian, ante la inseguridad jurídica y la tardanza judicial para solucionar el problema. Con lo que son cada vez más los propietarios afectados por esta lacra los que contratan servicios de empresas de okupaciones, o intentan llegar a un acuerdo económico con los okupas. Lo que es muy preocupante, por el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema.
Dicho esto, es difícil saber cuántas propiedades están okupadas. En Galicia, siendo muy prudente, diría que suben de las 1.000 propiedades de todo tipo. La titularidad de las propiedades de todas las okupaciones es compleja de saber, aunque estimo que aproximadamente un 88% son de procedencia bancaria, fondos de inversión y Sareb. En el resto estarían particulares y propiedades vacías o abandonadas, de Administraciones públicas.
Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos episodios de conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el del resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general. Y mientras no se definan de manera nítida los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues la inseguridad jurídica seguirá siendo brutal.
Debemos recordar que España es un estado de derecho, y como tal es fundamental el respeto a la Carta Magna y a las leyes. No se puede vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los que los españoles nos hemos dotado con la Constitución, y entre ellos está el respeto a la propiedad privada.
El tema es que el problema se ha agravado y multiplicado, y hay que afrontarlo. Sobre todo en una comunidad como la nuestra con más de 500.000 viviendas vacías según el INE. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello.
En definitiva, la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación en nuestra Galicia, debido a una legislación que no afronta la problemática actual en un contexto social y económico enormemente complejo.
