Tres de los seis acusados por falsificar documentos para hacer contrabando de tabaco negaron ayer haber falsificado documentos o cualquier otro tipo de irregularidad en sus respectivas declaraciones ante la sección quinta de la Audiencia en Vigo, donde son juzgados junto a tres guardias civiles por el mismo delito.
El juicio se celebra contra estas seis personas, a las que la Fiscalía acusa de haber falsificado documentos para fingir operaciones de avituallamiento a buques en el puerto de Marín, a los que supuestamente suministraban tabaco, a pesar de que dichas embarcaciones figuraban como desguazadas o se encontraban en otros puertos.
En la jornada de ayer prestaron declaración tres de los acusados: el responsable de Aduanas en dos empresas de suministro de barcos, José Carlos G.C.; el comercial de esas empresas que vendía los suministros a los armadores, Juan José T.C.; y la hija de éste, Eva Elena T.V., que pasó a realizar esas tareas comerciales cuando su padre se jubiló.
José Carlos G.C. negó que hubiera cometido irregularidades en la tramitación de esos despachos y, según precisó, su participación consistía en recibir los encargos por parte del comercial y gestionar la documentación ante Aduanas, pero no tenía contacto con los armadores ni participaba en los embarques.
En la misma línea, tanto el que fuera comercial para la empresa, Juan José T.C., como su hija, Eva Elena T.V., que realizaba las mismas tareas –y que solo respondieron a las preguntas de sus correspondientes letrados–, afirmaron que nunca tuvieron ninguna advertencia de las autoridades acerca de la documentación presentada para embarcar el tabaco en los buques.
Estos dos acusados también declararon acerca de su situación patrimonial, investigada con motivo de esta causa, y justificaron su patrimonio e inversiones por sus ingresos legales y su capacidad de ahorrar.
51.700 cajetillas por valor de 2,2 millones
La Fiscalía sostiene que estos tres trabajadores, con la participación de tres agentes de la Guardia Civil, gestionaban el suministro de tabaco procedente de depósitos fiscales de Zona Franca de Vigo (libre de impuestos) a la tripulación de los barcos y, en esa gestión, falsearon documentos para fingir operaciones de avituallamiento. De ese modo, podían disponer del tabaco y ponerlo en circulación sin pagar aranceles ni impuestos, ya que los barcos a los que supuestamente iban destinados los cartones (unos 51.700, valorados en 2,2 millones de euros) ya estaban desguazados o bien se encontraban en otros puertos. La Fiscalía pide para cada uno de estos tres acusados cuatro años de prisión y el pago de una multa de 5 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sientan también tres guardias civiles, cuya declaración está prevista para hoy y para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel.
