Caballero defendió la legalidad del documento y reclamó a la Xunta que se apruebe de forma “inmediata”
El Concello abordó ayer el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) con el tejido empresarial, social y vecinal de la ciudad. El alcalde Abel Caballero y la concejala de Urbanismo, María José Caride, mantuvieron una reunión con representantes de asociaciones del sector de la construcción, colegios relacionados con el sector, clubs deportivos y otras asociaciones locales para analizar el nuevo documento y los pasos en su tramitación para lograr el visto bueno del Gobierno gallego.
“Desde las asociaciones se nos manifestó un apoyo total a que necesariamente el PGOM tiene que salir adelante, se necesitan fechas inmediatas para conocer cuándo estará aprobado y de qué forma para que la ciudad haga su propia planificación”, aseguró Caballero tras el encuentro. En un audio remitido a los medios, el regidor señaló que el documento cuenta con “el apoyo de los promotores, del ámbito de la industria, de niveles profesionales, del Colegio de Arquitectos y no hubo ninguna intervención contra la aprobación del Plan”.
Por todo ello aseguró que el Ayuntamiento tiende la mano a la Xunta para el diálogo, “pero también queremos que sepa que necesariamente se tiene que aprobar y de forma inmediata, no vale la dilación, el posponerlo” al considerar que “no aprobarlo será frenar una parte de la marcha de la ciudad”.
Respecto a las objeciones del Gobierno gallego, Caballero aseguró que “no existe ninguna razón para que la Xunta intente parar el Plan”, por lo que se explicó a los asistentes los niveles de protección que tienen tanto el Castro como Castrelos así como “todas las acciones del Ayuntamiento” al respecto. También se explicó el nivel de catalogación de edificios “que supera con mucho al del Plan de 2008”.
El alcalde también incidió en “la necesidad imperiosa de que se apruebe un PGOM que va a favorecer la vivienda a precios asequibles y con algún tipo de protección, los espacios deportivos, dotacionales y las zonas verdes” y que cuenta con “garantía total y absoluta de seguridad jurídica”. Criticó que la Xunta tomó “una decisión estrictamente política” al manifestar la paralización del Plan “sin haberse leído los documentos tres días después de las elecciones”.
En respuesta a las manifestaciones del alcalde, la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, lamentó que Caballero “sigue empeñado en culpar a la Xunta de su incapacidad para cumplir con los requisitos legales que precisa el Plan”. Ortiz recordó que el Ayuntamiento “tiene que cumplir con la ley” para que la Xunta pueda emitir informes favorables y recordó que el anterior planeamiento fue anulado en 2015 por el Tribunal Supremo “porque la actual concejal de Urbanismo y entonces conselleira no hizo lo que tenía que hacer”.
