La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) está expectante ante las consecuencias que se puedan derivar de la denuncia interpuesta por la asociación En-Colectivo ante la Comisión Europea por las dos prórrogas otorgadas por el Gobierno a Audasa, la concesionaria de la AP-9.
“Como ciudadano y doliente de las prórrogas espero que ese juicio se gane y que Audasa deje de cobrarnos el 2 por ciento de incremento hasta 2048, porque afecta gravemente a la competitividad, no solamente de las empresas sino también de todos los ciudadanos”, dijo ayer el presiente de la CEP, Jorge Cebreiros.
La asociación En-colectivo ha denunciado que las prórrogas de la concesión infringen la normativa europea y aspira a un fallo que conlleve la gratuidad de la autopista para todos los usuarios.
“Si esas prórrogas son contrarias al Derecho de la UE, que establece que una vez extinguida la concesión debe salir a concurso público, me parece una iniciativa muy interesante que, de fructificar, crearía un problema serio para la administración pública”, explicó por su parte Julio Costas Comesaña.
Costas, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo y ex consejero de la Comisión Nacional de la Competencia, cree que la concesión de la AP-9, prorrogada por el Gobierno de España dos veces, hasta 2023 y 2038, respectivamente, a través de sendos decretos ley, incumple la normativa, pues debió salir a concurso.
“No lo digo yo, lo dice el Derecho comunitario y la normativa española que traspone el Derecho comunitario, porque al término de una concesión se abre el mercado y las empresas compiten por ese mercado. Si se prorrogan las concesiones no hay mercado y no hay competencia”, señaló.
