Audasa decidirá "en los próximos días" si recurre la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 que ha condenado a la empresa concesionaria de la autopista AP-9 por cobrar peajes "abusivos" durante las obras de ampliación del puente de Rande, un fallo que, según la lectura de la empresa, no ha sido negativo para sus intereses.
En concreto, en un comunicado Audasa defiende que el fallo judicial ha rechazado las "pretensiones" de la Fiscalía, al concluir que la ejecución de estos trabajos, que se realizaron entre febrero de 2015 y junio de 2019, "no generó demoras superiores a uno o dos minutos", por lo que no han supuesto una "falta de cumplimiento" de sus obligaciones como concesionaria.
En ese sentido, Audasa añade que el juez centra "exclusivamente" estas incidencias en un tramo de "menos de tres kilómetros" de longitud.
La concesionaria de la AP-9, que reconoce la intervención del Ministerio de Transportes, en su favor, recuerda que la ampliación de cuatro a seis carriles del puente de Rande no ha obedecido a "ningún capricho banal" ni de Audasa ni del Gobierno. "Esta actuación vino motivada por la necesidad de adaptar el tramo de la AP-9 a las circunstancias actuales del tráfico rodado que circula por esa ruta", según un pasaje de la sentencia que destacan desde Audasa.
La concesionaria destaca que el fallo recoge que las "pequeñas perturbaciones" no pueden ser consideradas "automáticamente" como incidencias que afecten de una manera "relevante" a la circulación por una autopista.
El índice de siniestralidad en el tramo afectado, señala la concesionaria de la AP-9, se redujo en un 30% en relación a los años anteriores y las condiciones de seguridad "no se vieron reducidas, sino al revés". Audasa añade que la sentencia concluye que las repercusiones sobre el tráfico fueron "mínimas" y que las obras únicamente "solían implicar demoras de nunca más de dos minutos", por lo que rechazan que su actuación fuera "en general, una práctica abusiva".
El juzgado tampoco ha estimado, subraya Audasa, las indemnizaciones de daños y perjuicios solicitados por la Fiscalía para los afectados.
En concreto, en un comunicado Audasa defiende que el fallo judicial ha rechazado las "pretensiones" de la Fiscalía, al concluir que la ejecución de estos trabajos, que se realizaron entre febrero de 2015 y junio de 2019, "no generó demoras superiores a uno o dos minutos", por lo que no han supuesto una "falta de cumplimiento" de sus obligaciones como concesionaria.
En ese sentido, Audasa añade que el juez centra "exclusivamente" estas incidencias en un tramo de "menos de tres kilómetros" de longitud.
La concesionaria de la AP-9, que reconoce la intervención del Ministerio de Transportes, en su favor, recuerda que la ampliación de cuatro a seis carriles del puente de Rande no ha obedecido a "ningún capricho banal" ni de Audasa ni del Gobierno. "Esta actuación vino motivada por la necesidad de adaptar el tramo de la AP-9 a las circunstancias actuales del tráfico rodado que circula por esa ruta", según un pasaje de la sentencia que destacan desde Audasa.
La concesionaria destaca que el fallo recoge que las "pequeñas perturbaciones" no pueden ser consideradas "automáticamente" como incidencias que afecten de una manera "relevante" a la circulación por una autopista.
El índice de siniestralidad en el tramo afectado, señala la concesionaria de la AP-9, se redujo en un 30% en relación a los años anteriores y las condiciones de seguridad "no se vieron reducidas, sino al revés". Audasa añade que la sentencia concluye que las repercusiones sobre el tráfico fueron "mínimas" y que las obras únicamente "solían implicar demoras de nunca más de dos minutos", por lo que rechazan que su actuación fuera "en general, una práctica abusiva".
El juzgado tampoco ha estimado, subraya Audasa, las indemnizaciones de daños y perjuicios solicitados por la Fiscalía para los afectados.
