El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la ley integral contra la trata, un texto que la titular de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que es “fruto del consenso interdepartamental”, pero que está abierto a “futuros ajustes” para mejorar la protección de las víctimas. Llop ha afirmado que la ley era un compromiso “casi personal” del presidente del Gobierno y ha considerado que supondrá “un antes y un después en la protección de los derechos humanos” al situar a las víctimas en el centro.
Igualdad consideró el proyecto insuficiente al no garantizar permisos de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular, la inmensa mayoría, pero Llop ha asegurado que el texto sigue las recomendaciones del Convenio de Varsovia, que prevé dar papeles por circunstancias excepcionales teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el procedimiento penal.
Llop ha querido dejar claro que en ningún caso se exigirá a la víctimas denunciar o colaborar en la investigación penal para acceder a los derechos que les ofrece la ley, sin perjuicio de que se fomente esa colaboración policial. Y ha asegurado que ese punto estaba claro desde el inicio de los trabajos y no se ha introducido a última hora por las quejas de Igualdad. No obstante, se ha mostrado abierta a mejoras: el texto es “una primera vuelta” que sufrirá “ajustes”.
Igualdad ha avalado el proyecto porque concederá una autorización de residencia y trabajo provisional a las víctimas extranjeras desde el momento de la identificación provisional, lo que les permitirá acceder de inmediato a itinerarios de inserción sociolaboral. “Una ley que responde a una de las más graves formas de violencia machista, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y que pone a las víctimas en el centro”, señalan.
La aspiración inicial de Igualdad era aprobar una ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero la ministra de Justicia ha defendido su carácter integral, para amparar a todas las víctimas y luchar contra todo tipo de trata y explotación, incorporando como nuevos tipos delictivos el trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud.
Según ha explicado, se garantiza la asistencia y la protección de las víctimas desde que se tienen los primeros indicios de su situación y se reforzará la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, “el tercer negocio más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas”. Se reconoce con carácter general el derecho a una protección y asistencia especializada, con ayuda de intérpretes o mediadores culturales si son necesarios y siempre garantizado la privacidad y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El anteproyecto reconoce también su derecho a la inserción social y laboral, a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital, a vivienda, a una reparación integral y a una compensación económica, con una protección específica en el caso de víctimas menores. Llop ha destacado la apuesta por sensibilizar a toda la sociedad ante la trata, por desincentivar la demanda de los servicios que puedan prestar las víctimas y por fortalecer la inspección de Trabajo.
