El Ministerio no incluye a Galicia en el grupo de trabajo para el desarrollo de la ley orgánica LOSU
La Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas que participan en el grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se reunieron por primera vez ayer.
En el grupo de trabajo participaron sólo estas seis comunidades con el objetivo de que el número de participantes sea reducido y, además, están representados tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) y los rectores de las universidades españolas, según adelantó ABC.
El Ministerio transmitió a las comunidades autónomas participantes que hagan de cadena de conexión con el resto sobre los temas abordados en la reunión, según informaron fuentes de la Consejería de Universidades de la Comunidad Valenciana, que aseguran que transmitirán al resto de autonomías lo acordado en el grupo de trabajo.
El grupo de trabajo que aborda el desarrollo de la Ley de Universidades, que será siempre el mismo a no ser que una comunidad autónoma no pueda asistir y entonces podrá dejar su lugar a otra, se volverá a reunir el próximo 15 de febrero.
Desde la Consejería de Universidades valenciana dejaron patente que esta reunión, aunque refleja voluntad de acuerdo, “llega tarde”, ya que las universidades públicas, en un ejercicio de responsabilidad, “han hecho los deberes”.
La reunión de ayer fue una “primera toma de contacto” y no contaba con una orden del día. En ella, se pusieron de manifiesto las intenciones del Ministerio de “flexibilizar y calendarizar” la aplicación de la LOSU, focalizándose en las disposiciones que afectan al régimen docente de los profesores asociados, que con la nueva ley pasa a ser indefinido y se reduce la dedicación docente, lo que tendrá un coste económico.
Las comunidades autónomas plantearon que la Ley de Universidades plantea otras dificultades de aplicación vinculadas a las nuevas figuras de ayudante doctor o de profesor sustituto. “Esas cuestiones al principio el Ministerio ha dicho que no estaban previstas, que se iban a ceñir a las que afectan al profesor asociado”, precisaron las mismas fuentes.
La Comisión de Trabajo para avanzar en la implantación de la LOSU está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades españolas que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1% del PIB en el año 2030, fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo.
El Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, quien presidió la reunión, manifestó la profunda necesidad de que las universidades “dispongan de un profesorado estable, con una carrera profesional bien definida y con plena capacidad de desarrollar sus actividades docentes, de investigación y de transferencia para garantizar así el progreso de España” y su ánimo de lograrlo.
