El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló un dictamen que valida que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y siete en contra. El texto aprobado valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo, que tanta polémica suscitó a niveles políticos y judiciales.
El órgano de gobierno de los jueces tardó algo más de una hora en estudiar la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante evidenció una grave ruptura en el seno de este órgano.
Habrá un voto particular discrepante al que se adherirán los siete vocales que votaron en contra en esta jornada, pero también otros votos concurrentes que redactará otro grupo de vocales pertenecientes también al sector conservador que, aunque votaron a favor de su propuesta, dejarán constancia por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Dolores Delgado para asumir la gobernanza de la Fiscalía Geneal del Estado.
Fuentes presentes en el debate señalaron que el tono de la deliberación no fue demasiado agrio a pesar de las posturas opuestas, pero sí evidenció que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque -aunque votaron a favor y otros en contra- una postura muy crítica con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la exministra de Justicia.
Debate y videoconferencia
El informe que se emitirá, pese a que tiene un carácter preceptivo no es vinculante. En el Pleno, que duró algo más de una hora, no estuvieron presentes los 20 vocales que integran con Lesmes este órgano, pues faltaron Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, a propuesta de los socialistas, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, finalmente intervino a través de videoconferencia.
Precisamente evitar la fractura en el gobierno del Poder Judicial es lo que llevó a su presidente a omitir dicha mención de idoneidad de Delgado, en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego puedan manifestar su discrepancia en un voto particular. Y lo hizo tras constatar los reparos que la propuesta suscitó en varios vocales, que no existían en el caso de candidatos anteriores.
La propuesta de Lesmes se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces, "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
"Si Delgado tiene dignidad, debe rechazar el cargo", apunta el PP
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que la exministra de Justicia Dolores Delgado debería rechazar el cargo de fiscal general del Estado si le queda "dignidad" tras el voto en contra de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, el Pleno del CGPJ, avaló un dictamen que valida que Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y siete en contra. El texto aprobado valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo.
"Si a Delgado le quedara algo de dignidad debería rechazar el cargo, ya que carece de la imparcialidad necesaria para este puesto. Sánchez, una vez más, tirando por los suelos la separación de poderes", aseguró García Egea en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Según fuentes de la dirección del PP, Delgado "seguramente reúne los requisitos para acceder al puesto". "Eso nadie lo discute, tampoco el PP", señalan. Eso sí, destacan que los vocales omitieron trasladar la "idoneidad" para el cargo de Dolores Delgado y "solo se limitan a validar que cumple los requisitos formales".
"Según el PP, lo que se puso en "entredicho es su imparcialidad" para ejercer esta función, pasando directamente de dirigir el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Las mismas fuentes subrayan que "no hay ningún precedente de un nombramiento tan cuestionado por la carrera judicial y fiscal".
