“Me lo han robado haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro”, dijo ayer Francisca María Gómez, la madre de Miguel Ángel González, el guardia civil natural de San Fernando (Cádiz) fallecido el pasado viernes en Barbate junto a otro agente de Barcelona, David Pérez, al ser ambos arrollados por una narcolancha.
Francisca criticó que la “injusta” muerte de su hijo se debe a la falta de medios y porque “lo montaron en un flotador contra una narcolancha”. Y señaló que “no hay derecho” a que “por falta de medios pase esto”. Por ello, reclamó que la muerte de los dos agentes sirva “para que no muera ni un guardia civil más” por la “imprudencia de un Estado que no les pone los medios para defenderse”.
“No hay derecho a que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó”, dijo la mujer pidiendo “justicia” para su hijo y su compañeros muertos, así como para los otros dos agentes que resultaron gravemente heridos.
Recalcó que quiere que “se haga justicia” y que “los que han hecho esto no queden impunes”, a la vez que exigió que “no vuelva a suceder” que pierda la vida “ningún cuerpo del Estado más” por la falta de recursos. “No quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en nada, solo quiero dar la voz a mi hijo, que me lo han asesinado”, añadió, antes de recordar que su hijo “solo llevaba tres meses en ese destino”, donde en tan poco tiempo se había ganado “el cariño de sus compañeros”.
Revisar órdenes internas
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió una reunión del Pleno extraordinario del Consejo del Instituto Armado bajo la presidencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para revisar las órdenes internas que llevaron a usar la zódiac de actividades subacuáticas.
Además del pleno extraordinario en la Guardia Civil, la asociación se dirigió a los grupos políticos del Congreso y Senado para instar a la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Su intención es recoger en un informe todo lo ocurrido en Barbate y revisar las condiciones de trabajo de las unidades que actúan contra el narcotráfico dentro del plan del Ministerio del Interior para el Campo de Gibraltar. En un comunicado, AUGC ha recordado que los seis agentes de la Guardia Civil tuvieron que operar con una embarcación de apenas seis metros de eslora de los GEAS, la Unidad de Actividades Subacuáticas, en su opinión en contra de la Orden General que regula dicha especialidad.
Interior dijo que movilizó una zódiac para que fuera trasladada hasta Barbate tras la alerta de que en aquel puerto había seis narcolanchas refugiadas del temporal.
