La investigación judicial y policial por la presunta compra de votos por correo en Melilla, en la que fue detenido un consejero del Ejecutivo autónomo, evitó un fraude electoral, según el Gobierno, que subrayó que todas las normas “pueden ser susceptibles de mejora”.
El consejero detenido, una de las nueve personas arrestadas en el marco de una operación desarrollada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, es Mohamed Ahmed Al-lal, responsable de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno melillense y número 3 de las listas de Coalición por Melilla (CPM) -el principal partido del gobierno local- para las elecciones de este domingo.
Así lo indicaron fuentes próximas a la investigación, que informaron además de que entre los nueve detenidos, figura también el yerno del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán. Las mismas fuentes dijeron que ayer los agentes dejaron en libertad a los nueve detenidos -seis ayer y tres el lunes- tras prestar declaración en dependencias policiales y que serán citados por la juez que instruye las pesquisas sobre esta presunta trama.
En la operación también se registraron ayer diez puntos de la ciudad autónoma, según informó la Delegación del Gobierno en Melilla, entre ellos el centro de trabajo del equipo de comunicación audiovisual de Coalición por Melilla.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió que la investigación judicial y policial evitó un fraude electoral y demostró que el Estado de derecho funciona ante cualquier anomalía del proceso. “Nadie puede saltarse las normas”, subrayó.
“El mensaje que tiene que trasladar el Gobierno es de absoluta tranquilidad”, afirmó Rodríguez antes de asegurar que esta “anomalía” e intento de vulnerar los procedimientos para alterar el proceso electoral del próximo domingo “se está persiguiendo”, como demuestra el hecho de que los mecanismos de control hayan funcionado y se haya evitado un fraude electoral.
Preguntada sobre si existe la posibilidad de cambiar algunos procedimientos en la ley electoral para evitar estas situaciones, la portavoz elogió el trabajo de las juntas electorales y señaló que, si bien todas las normas “pueden ser susceptibles de mejora”, lo importante es “poner en valor que funcionan los mecanismos”.
Tras conocerse las detenciones y registros, Coalición por Melilla (CPM) afirmó que “está clara la persecución que hay ahora mismo montada en contra” del partido por ser “muy incómodo”, dadas sus buenas expectativas en las encuestas.
La candidata de CPM a la Presidencia de la ciudad autónoma, Dunia Almansouri, prefirió no valorar la actuación policial porque “están haciendo su trabajo”, pero sí calificó como “muy, muy grave” que se bloquee a CPM “la posibilidad de trabajar y de llegar a los ciudadanos melillenses con las propuestas” cuando quedan cuatro días para las elecciones.
Ante las sospechas de su presunta implicación en la situación investigada, Coalición por Melilla ya fue excluida la semana pasada del Acuerdo del Turia, el pacto de colaboración territorial suscrito por varias formaciones de izquierdas como Compromís y Más País, según fuentes de esta última formación.
A cuenta de ese pacto, la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ve “preocupante” que algunos “partidos progresistas hayan pensado que estos son socios aceptables con las previas que conocíamos”.
