A punto de cumplirse un año de la regulación del trabajo a distancia es una incógnita el nivel de teletrabajo que perdurará cuando la pandemia del covid acabe, ya que la tasa de asalariados que trabajan en su domicilio cayó a la mitad desde el inicio de la crisis pero todavía triplica la que había antes. La vuelta a la oficina es un hecho desde hace meses, ya que con la desescalada posterior al confinamiento estricto (en el verano de 2020) la tasa de asalariados que trabajaban más de la mitad del tiempo desde su casa disminuyó significativamente, pasando del máximo marcado en el 15,28% al 8,92%.
Desde entonces esa tasa bajó otro punto, al 7,89%, porcentaje que aún triplica el 2,48% de 2019, año en el que teletrabajaron más de la mitad del tiempo una media de 413.700 asalariados, frente a los 1,3 millones que lo hacían en el segundo trimestre de 2021. Habrá que esperar a los datos del tercer trimestre para saber si la vuelta de las vacaciones de verano está suponiendo un punto de inflexión para el retorno masivo a una presencialidad total.
La coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, Paula Ruiz, aseguraba esta semana que muchas empresas se habían marcado el mes de septiembre como fecha de vuelta completa a las oficinas, lo que a su juicio es “una insensatez y una temeridad” teniendo en cuenta que la pandemia no se ha acabado.
En un consultorio semanal que UGT abre a la ciudadanía, el abogado del sindicato Daniel Pueyo recordaba que el teletrabajo es voluntario y reversible para ambas partes, por lo que puede iniciarse o suspenderse tanto a instancia de la empresa como del trabajador. Con carácter general la empresa puede poner fin al teletrabajo parcial o totalmente sin necesidad de un tiempo mínimo de preaviso, salvo que haya acuerdo individual o colectivo que establezca otra cosa.
Para poder seguir en casa, el trabajador tendría que justificar un mayor riesgo para su salud por la exposición al covid o apelar al derecho de conciliación, específicamente reconocido a los padres de hijos menores de 12 años. En caso de que se revierta totalmente el teletrabajo, el empleado tendría que devolver el material que la empresa le hubiera facilitado, pero no la compensación económica por los gastos asumidos si la hubiera habido, salvo en el caso de que ya se hubiera abonado.
La ley del trabajo a distancia cumple el 22 de septiembre un año desde su aprobación, tras ser pactada con patronal y sindicatos. Al respecto, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, decía esta semana en la Ser que se está pasando del “teletrabajo de trinchera”, surgido con la crisis sanitaria, a otro que blinda los derechos básicos con unos “moldes más adecuados, más razonables, con condiciones estrictas que eviten los sesgos de género”.
Un fenómeno “imparable” que frena la despoblación
La escalada de los precios de la electricidad podría ralentizar el crecimiento económico, advierten los expertos, que defienden que la recuperación está garantizada porque se asienta en bases sólidas. La economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) María Jesús Fernández cree que el encarecimiento de la electricidad va a tener un “impacto significativo” en la economía, lo que no paralizará la recuperación, pero “podría ralentizarla”, sobre todo si la inflación se mantiene por encima del 3% de manera prolongada.
La subida de la electricidad “no es algo transitorio”, advierte, ya que todo apunta a que “no vamos a volver a los precios anteriores”. Esto supondrá, en primer lugar, una reducción de la capacidad de compra y, en segundo, una disminución de los márgenes empresariales, ya que no se podrá trasladar la totalidad de los costes a los clientes, con la consiguiente caída de la inversión. A esto añade el impacto en las cuentas públicas, que aunque en un primer lugar se beneficiarán de mayores ingresos, a la larga padecerán las consecuencias de la reducción del consumo total y la previsible subida de las pensiones.
Más optimista se muestra la vicepresidenta del Gobierno español, Nadia Calviño, que afirmó ayer que la inflación no tiene que preocupar porque se debe al crecimiento tras la crisis de la pandemia del coronavirus y que el alza repentino de los precios no conllevará una pérdida de competitividad estructural a medio plazo. “La inflación no puede ser la principal preocupación. Después de tantos años en los que la tendencia de los precios se mantuvo por debajo de los objetivos del BCE, sería prematuro comenzar a considerar que un poco de inflación es un problema”.
