España podría tener pronto unos nuevos presupuestos Generales del Estado, algo que antes sucedía todos los años –como debe ser y ordena la Constitución–, pero que ahora se ha convertido en todo un mérito político, dadas las dificultades de los últimos años para sacar adelante un presupuesto; de ahí todas las prórrogas que hubo hasta 2021.
Si los grupos que suelen apoyar al Gobierno no ponen inconvenientes insalvables –habrá forcejeos, pero seguramente la sangre no llegará al río–, los españoles podrán beneficiarse en 2022 de un escenario más adaptado a las circunstancias.
Con independencia del cristal partidario con que se mire, es positivo que haya presupuestos. Otra cosa es que la izquierda tire hacia un lado con su política de gasto y de ingresos –léase impuestos– y que a la derecha le guste más una política con otro tipo de gasto y, si es posible, menos tributos.
Suele ser así el juego político en todas las democracias, aunque en aquellas más estables, como la alemana, la inglesa o la francesa, las diferencias entre el centro derecha y el centro izquierda tienden a reducirse, en aras de la estabilidad, partiendo, eso sí, de economías donde el peso del Estado es más fuerte –y eficiente– que en España.
Estamos ante un presupuesto con un gasto total de 458.956 millones –ligeramente por encima del actual–, que convierte en ridículo el afán por hablar de un presupuesto expansivo. Mal puede serlo si crece el 0,02%, pero si de lo que se trata es de destacar que tiene un alto componente social tal vez hay más fundamento para ello, aunque con matices.
En cuanto al gasto, jubilados y jóvenes centran la mirada de las nuevas cuentas. En materia de inversión pública –España lleva años bajo mínimos– la clave está en los fondos europeos, que aumentan de manera considerable. Pocas más novedades hay, salvo las relativas al control de la deuda y el déficit, que también tienen mucha importancia, dados los desajustes de España en ambas líneas. Una consideración común a todas estas cosas: las cuentas tendrán sentido si se cumplen las premisas de crecimiento, lo cual no parece fácil.
Pero supongamos que el Gobierno acierta en sus previsiones y que las cifras encajan. En ese caso, los pensionistas están de enhorabuena porque son los más beneficiados por los aumentos; a gran diferencia de los jóvenes, que en todo caso se abren paso como protagonistas de unos presupuestos, algo poco habitual en España. Los jubilados verán aumentar sus pensiones y los jóvenes tendrán ayudas directas para pagar sus alquileres y para consumir productos culturales.
En cuanto a la inversión –algo esencial para el futuro económico de España– habrá unos 40.000 millones, de ellos 27.000 provenientes de Bruselas. En las otras líneas del gasto no se observan grandes cambios, por lo que el país seguirá funcionando, en principio con la normalidad –y las carencias– de estos últimos años.
En los ingresos se observan menos cambios de lo que podrían indicar las expectativas. Hay más reajustes que ajustes. Así, parte del dinero que se irá a un mayor gasto en pensiones saldrá de un menor gasto en paro –siempre que crezca el empleo– y en intereses de la deuda pública, pero no se ve un gran cambio fiscal: IRPF e IVA seguirán siendo los dos grandes pilares, con el apoyo de los impuestos especiales.
¿Y Sociedades? Mucho ruido y pocas nueces. A pesar de algunos aumentos selectivos su aportación se mantendrá a años luz del nivel de 2007.
@J_L_Gomez
