Los profesionales del Derecho insisten repetidas veces en que la esencia del orden jurídico en un país democrático es la evidencia. Se puede tener la convicción de que se ha cometido un delito, pero es necesaria la aportación de pruebas indiscutibles de que se haya llevado a cabo, y mientras esas pruebas no existan el delito no existe. El concepto se refuerza con una máxima general: en caso de duda la razón es del reo. Es quizá la asignatura pendiente de una sociedad que a veces se desespera porque supone que no se procede con la debida diligencia, para identificarse con el universo forense, porque la mera hipótesis de culpabilidad o inocencia manejado como opinión por el común de los ciudadanos no puede sostenerse ante los tribunales.
Se investiga ahora la disposición de dinero público perteneciente a todos los españoles por parte de los responsables políticos de la fallida independencia catalana para hacer frente a los cuantiosos gastos del proceso. Los ciudadanos no solo estamos convencidos de que los políticos que administraron la hoja de ruta independentista usaron el dinero que no les correspondía, sino que además maquillaron fraudulentamente las cuentas para disimular esos cuantiosos gastos. La financiación de una cadena de actividades todas ellas apartadas de la ley como ocurrió en este vergonzoso episodio, es muy costosa y los fondos para hacerlo no han llovido del cielo precisamente. De hecho, y caminando más allá, me pregunto con carácter personal, de dónde proceden los recursos utilizados por los políticos de las instituciones catalanas que huyeron del país y que están resistiendo en el exterior con un régimen de vida propio de millonarios. Residencias, transportes, desplazamientos, viajes, procedimientos judiciales, existencia cotidiana, mantenimiento de séquito e infraestructura, seguridad, administración, medios audiovisuales… Carles Puigdemont, por ejemplo, del que ya poco se habla, lleva más de medio año viviendo en un país extranjero y desarrollando una apretada agenda de actuaciones que no se financia con unas pagas.
Es por eso por lo que a los de a pie nos cuesta Dios y ayuda entender los comportamientos judiciales, aunque nos pleguemos a ello confiando en la justicia y sus administradores. Y nos sentemos a esperar la validación de informes de la Guardia Civil, del Tribunal de Cuentas, de Hacienda o del Banco de España y de todos y cada uno de los organismos que tienen que validarlas y cuya información a los tribunales de Justicia es imprescindible para que estos tomen decisiones. Por ejemplo, se acaba de probar que Mas ya usó dinero público el 9-N. Por ahí empezamos.
