El mecanismo apabullante del Estado se ha puesto en movimiento para encontrar alguna causa que pusiera utilizarse como contramedida capaz de aminorar los efectos de la batería de torpedos que se disparan bajo la línea de flotación del equipo de Sánchez inmersos en la amnistía y bajando en el cariño popular, y lo ha encontrado en la pareja de Díaz Ayuso, un personaje prácticamente anónimo que parece tener problemas notables con el control de su propio IRPF. Asediados por circunstancias que han afectado gravemente a los resultados de las encuestas que pronostican intención de voto incluyendo en el lote nada menos que la que elabora la cocina de Tezanos, los fieles servidores del núcleo duro que rodea al presidente se han aferrado a este episodio para tratar de equilibrar una situación que entre la opinión pública, y con toda franqueza, tiene por el momento un signo muy desfavorable.
Queda por determinar si el hecho va a adquirir alguna otra dimensión y para eso ha sido prontamente filtrado por la vicepresidenta Montero a los medios de comunicación afines que para eso están. Pero la realidad pura y dura diferencia muy prontamente ambas situaciones. Mientras el novio de la presidenta de Madrid es un señor particular que no ha satisfecho sus cuentas con Hacienda en la medida que Hacienda desea –la fiscalía se puso en contacto con él para regularizar los pagos- y deberá hacerlo, el caso Koldo se nutre del dinero de todos, y los sobreprecios, mordidas, compadreo y comisiones giran en torno al sector público que conforma la España institucional: comunidades autónomas, ministerios y organismos estatales, en un comercio de aspecto probablemente delictivo que involucra a diferentes cargos gubernamentales cuyos comportamientos despiertan dudas, sospechas y una profunda desconfianza. Se trata de un proceder que tiene en el caso de los ERES de Andalucía un precedente claro y meridiano. Por otra parte, si la pareja de Ayuso se encuentra acogotada, siempre puede argumentar que también es susceptible de ser amnistiada. Al fin y al cabo, además de los delitos de orden político que los involucrados en la rebelión ocurrida en Cataluña han cometido y por los que han sido juzgados, condenados y ayer amnistiados, también están los delitos económicos por los que también han recibido el perdón. Pues, nada, café para todos.
Queda por determinar si el hecho va a adquirir alguna otra dimensión y para eso ha sido prontamente filtrado por la vicepresidenta Montero a los medios de comunicación afines que para eso están. Pero la realidad pura y dura diferencia muy prontamente ambas situaciones. Mientras el novio de la presidenta de Madrid es un señor particular que no ha satisfecho sus cuentas con Hacienda en la medida que Hacienda desea –la fiscalía se puso en contacto con él para regularizar los pagos- y deberá hacerlo, el caso Koldo se nutre del dinero de todos, y los sobreprecios, mordidas, compadreo y comisiones giran en torno al sector público que conforma la España institucional: comunidades autónomas, ministerios y organismos estatales, en un comercio de aspecto probablemente delictivo que involucra a diferentes cargos gubernamentales cuyos comportamientos despiertan dudas, sospechas y una profunda desconfianza. Se trata de un proceder que tiene en el caso de los ERES de Andalucía un precedente claro y meridiano. Por otra parte, si la pareja de Ayuso se encuentra acogotada, siempre puede argumentar que también es susceptible de ser amnistiada. Al fin y al cabo, además de los delitos de orden político que los involucrados en la rebelión ocurrida en Cataluña han cometido y por los que han sido juzgados, condenados y ayer amnistiados, también están los delitos económicos por los que también han recibido el perdón. Pues, nada, café para todos.
